"Mis abogados recurrieron al Supremo para que tuviera finalmente un proceso y un juicio justo, lo que nunca tuve en manos del juez Sérgio Moro; mucha gente poderosa, en Brasil e incluso en otros países, quiere impedir esa decisión, o continuarla aplazando, lo que es lo mismo para alguien que está preso injustamente", dice Lula en un fragmento de la carta, divulgada por el excanciller en sus redes sociales.
Lula se pronuncia en estos términos un día antes de que el Tribunal Supremo Federal evalúe un recurso de su defensa que pide anular la condena alegando que Moro nunca fue un juez imparcial, pero todo apunta a que los jueces aplazarán su decisión para el segundo semestre del año.
El recurso estaba pendiente de análisis desde hace meses, y en los últimos días los abogados lo reforzaron con las filtraciones de la Operación Lava Jato publicadas por el medio digital The Intercept que evidencian colaboración entre Moro y los fiscales que acusaban a Lula.
En su carta de este 24 de junio, el expresidente lamenta que haya personas queriendo "confundir" al sugerir que antes de que se juzgue el recurso hay que investigar los mensajes entre Moro y los procuradores, porque el recurso original se presentó en noviembre, mucho antes de estas nuevas informaciones.
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El líder del Partido de los Trabajadores (PT) también rechaza el argumento de que anular su condena implicaría soltar decenas de presos por corrupción condenados en el marco de la Operación Lava Jato.
"Algunos dicen que al anular mi proceso se estarán anulando todas las decisiones de la Lava Jato, lo que es una gran mentira, puesto que en la Justicia cada caso es un caso", argumenta Lula, que reitera su inocencia en todo momento.
Lula está preso desde abril de 2018 en Curitiba (sur), cumpliendo una condena de ocho años y diez meses de cárcel por presuntos delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero.
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El exmandatario fue acusado de recibir de manos de la empresa OAS (una de las contratistas de Petrobras) un apartamento en Guarujá (costa de São Paulo, sureste), que según la Justicia sería una recompensa por los favores prestados dentro de la trama de corrupción de la petrolera estatal; Lula siempre negó que el inmueble fuera suyo.
