"Cancelar los subsidios a las organizaciones civiles ha sido uno de error garrafal de este Gobierno, a partir de este año", dijo a esta agencia Graciela Colin de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe (Catwlac, en inglés),
La coordinadora del Sistema de Alerta Roja (SAT) de la asociación civil sin fines de lucro, con 16 años de lucha contra la esclavitud sexual y trata de mujeres, niñas, y adolescentes, asegura que la decisión del mandatario "afecta muchísimo a todas las víctimas y usuarios de los servicios sociales".
López Obrador anunció el 17 de junio que se abandonará "esa política aplicada, en general, durante el periodo neoliberal, cuando el Estado incumplía con su responsabilidad social y subrogaba servicios" a la sociedad civil.
La dirigente de la organización con estatus consultivo de organismos internacionales, dijo que, sin descartar que algunas entidades podrían actuar sin dimensión ética, la suya atiende llamados de auxilio de familiares, trabaja en ubicar a víctimas y verificar si se trata de casos de delincuencia organizada.
Si la víctima es localizada, recibe atención, "desde la intervención de crisis, con atención psicológica y médica, hasta suministrar refugio de emergencia".
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Finalmente, pasan a tener "un estatus digno como sobrevivientes, para lograr que se repare el daño, que se destina 100% a las víctimas".
Sociedad civil donde el Estado se ausenta
Por su parte, Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia, lamentó la cancelación de las rondas de financiamiento del presupuesto federal a organizaciones con roles muy diferentes de atención a víctimas de distintos delitos.
"En realidad la intermediación no ha sido el papel de la sociedad civil, si bien conforman un puente entre las instituciones de gobiernos y los beneficiarios finales de los programas", responde Sánchez.
La directora de la entidad, que participa en influyentes colectivos ciudadanos como "Seguridad sin Guerra", considera que "al contrario, las organizaciones se convierten muchas veces en vehículos de llegada y alcance hacia espacios donde no hay presencia estatal, justo donde este Gobierno tiene mayor debilidad, en su capacidad de llegar a la gente".
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López Obrador ha dicho en varias ocasiones, desde su campaña electoral, que desconfía de las organizaciones que se definen como "sociedad civil o iniciativas independientes".
La experta que diseñó el Programa Latinoamericano para la Reforma de la Política de Drogas de su organización, dijo que "ese enfoque debilita muchísimo las estructuras civiles que son verdaderamente comunitarias, fortaleciendo solo a las que tienen una capacidad de gestión superior".
El mayor daño de esa política recae en organizaciones ciudadanas que ofrecen albergues a víctimas del tráfico o de personas.
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Esas pequeñas organizaciones "tienen una menor capacidad para poder concursar por fondos de la cooperación internacional o hacer alianzas más grandes con sectores empresariales o académicos", puntualizó Sánchez.
Lo público como monopolio del Gobierno
Por su parte, Edna Jaime, directora general de México Evalúa, dijo a Sputnik que el presidente "tiene una concepción de lo público como monopolio del Gobierno y no como un espacio donde compiten diferentes sectores e ideas, con la misma legitimidad, con un sinfín de acuerdos".
La experta advierte que el enfoque presidencial corresponde "a modelos de gobernanza de partido hegemónico, que caducaron hace mucho tiempo, por disfuncionales".
Jaime, quien recibió a principios de junio la Medalla del Senado de Francia por su labor como consejera ejecutiva del Foro de París sobre la Paz, recuerda que ese modelo resquebrajó desde la década de 1990, cuando fue incapaz de acomodar a la sociedad civil emergente.
Jaime estima que el riesgo de esa política para cambiar una realidad de injusticia es que el líder de la izquierda nacionalista "olvide que ya existe un país diferente y plural", construido durante décadas.
"Es posible que intente utilizar los programas de subsidios, mediante transferencias generalizadas, de manera paralela, que resulte en un partido poderoso al que sea difícil disputarle el poder", comentó.
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— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 17, 2019
Jaime considera que las organizaciones que atienden a víctimas de abusos "son importantísimas, y hasta el padre Alejandro Solalinde, salió a manifestarse en contra".
El sacerdote defensor de migrantes, quien colabora en el diseño de políticas migratorias gubernamentales, pidió al presidente "explicar a qué albergues de migrantes se refirió al hablar de lucro, porque la mayoría no recibe fondos federales, sino internacionales", o apenas "excedentes perecederos del mercado de abastos".
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Jaime señaló que esas organizaciones brindan una red de protección donde el Estado no llega y que si se quedan sin fondos entonces habrá un vacío en la atención a víctimas.
