El abogado Juan María Ramos Padilla presentó la denuncia ante el Consejo de la Magistratura, que tiene la potestad de investigar, sancionar o remover a los magistrados, informaron fuentes judiciales a las que accedió Sputnik.
Juan María Ramos Padilla denunció a dos integrantes del Consejo de la Magistratura, el senador Miguel Ángel Pichetto, compañero de fórmula de Macri para las elecciones generales de octubre, y al representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahíques.
Al pedir el apartamiento de esos dos consejeros y la nulidad de lo actuado por el Consejo, el padre del Ramos Padilla recordó que el pasado 17 de marzo Macri “anunció públicamente su intención de destituir” a su hijo.
Desde ese momento, “mi defendido ha sido objeto de todo tipo de ataques por parte del Poder Ejecutivo, sus aliados políticos y los medios afines al Gobierno que se vienen incrementando a partir del avance del proceso electoral”, señala la denuncia.
Alejo Ramos Padilla, cuyo juzgado está en Dolores, en la provincia de Buenos Aires (este), investiga un entramado de espionaje ilegal en el que participarían varias estructuras del Estado, incluidos funcionarios judiciales, agentes de inteligencia y ahora al menos un periodista.
El juez considera probado el vínculo entre Daniel Santoro, editor de información judicial del diario Clarín, y el falso abogado Marcelo D'Alessio, quien fue grabado extorsionando a un empresario rural llamado Pedro Etchebest.
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A su vez D'Alessio decía actuar en nombre del fiscal Stornelli, declarado en rebeldía por haber faltado en cinco ocasiones a las declaraciones indagatorias ordenadas por el magistrado.
Por lo tanto, “éste es un caso paradigmático, que justifica hacer lugar a lo solicitado y que los consejeros que intervengan en este proceso no tengan intereses políticos, partidarios, personales y/o funcionales y exhiban claridad y transparencia en el ejercicio de contralor de la función judicial”, agrega el escrito.
Stornelli lleva adelante por su parte un caso conocido como la "causa de los cuadernos" en el que investiga una supuesta red de sobornos creada durante el Gobierno anterior para conceder proyectos de infraestructura.
En ese expediente está procesada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) como supuesta jefa de una asociación ilícita que mantenía una red de sobornos entre el Estado y empresarios que después recibían concesiones de obra pública.
El fiscal pidió el martes la elevación a juicio de parte del expediente en el que está procesada la también senadora Fernández y otros 40 exfuncionarios y empresarios.
