"Los denunciados son torturadores sádicos, violadores de mujeres; capaces de infligir dolor y lesiones hasta el borde de la muerte; asesinos de gente indefensa; ladrones de bebés; secuestradores que pidieron rescate por sus víctimas y cuando no lo obtuvieron procedieron a asesinarlas. (...) Hay que recordar que esos denunciados continúan delinquiendo hasta el día de hoy porque (...) perpetúan, con su silencio, los delitos", se lee en el comunicado de los denunciantes de los crímenes.
Según se reveló este 18 de junio, hay 187 causas activas referidas a denuncias por delitos de lesa humanidad: 14 en etapa de ejecución, donde los responsables de los crímenes fueron condenados; tres en etapa de sumario, donde existe procesamiento, pero no condena; y 170 en etapa de presumario. A su vez, de éstas, hay 17 con solicitud de procesamiento pendiente a 52 acusados, y 153 en etapa de investigación.
En 2011 la Suprema Corte de Justicia (SCJ) alertó sobre la posibilidad de la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura, instalando la urgencia por la presentación de denuncias ante la eventualidad de que éstas pudieran quedar sin efecto. En este contexto, en octubre de 2011, se presentaron en las comisarías de Montevideo 180 denuncias sobre casos de violación a los derechos humanos ocurridas durante el terrorismo de Estado.
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Los denunciantes señalan que de las 187 causas activas, sólo tres fueron presentadas después de 2011 (en 2012), aunque también hay de los años 1984, 1985, 1986, 2008 y 2010.
La cifra de las causas activas fue proporcionada por la Fiscalía General de la Nación, ante un pedido de información que realizaron los colectivos por la demora en más de ocho años del tratamiento la mayoría de las causas judiciales.
"A modo de ejemplo y con el propósito de posibilitar visualizar el volumen de denunciantes, denunciados, implicados y procesados que involucra una causa", los colectivos señalan la denuncia realizada en 2011 por 26 mujeres que fueron torturadas y abusadas sexualemnte. Hasta ahora se procesó en 2016 a un solo exmilitar por "reiteradas privaciones ilegítimas de libertad", Ascencio Lucero.
La causa incrimina a 108 denunciados, más todas las personas que prestaron funciones en los centros de detención involucrados (18 en todo el país) durante el período que comprende la detención de las denunciantes: 1968-1983.
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El pedido de información realizado a Fiscalía también fue presentado ante la SCJ, que aún no ha respondido.
A su vez, los denunciantes recordaron los comentarios que la CIDH realizó tras su visita al país en mayo:
"En materia de memoria, verdad y justicia, la CIDH observa con suma preocupación que, pese a los esfuerzos realizados por el Estado, subsistan interpretaciones judiciales en procesos penales que niegan la imprescriptibilidad de las graves violaciones de derechos humanos en el periodo de la dictadura cívico-militar. Dichas interpretaciones resultan en la impunidad a los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad y niegan justicia y reparación a las víctimas".
Al respecto, la CIDH recuerda que el Estado tiene la obligación "de dar cabal cumplimiento" a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Gelman vs. Uruguay de 2011, que estableció que "no son admisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas".
La CIDH llamó al Estado, "especialmente" al Poder Judicial, "a cumplir con su deber de aplicación del control de convencionalidad en el marco de su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos".
También hizo hincapié en que "subsiste una deuda del Estado con todas las víctimas de las violaciones de derechos humanos en materia de justicia y verdad".
El colectivo considera que ante la situación y para "profundizar el proceso de consolidación democrática" uruguayo, la Justicia debe "continuar fortaleciéndose" y la SCJ "debe honrar los compromisos internacionales asumidos y sus sentencias en consecuencia, así como tomar en cuenta las recomendaciones que se le realizan".
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Las víctimas de los crímenes presentarán los casos antes los tribunales de Justicia internacionales, en concreto, las denuncias de mujeres que fueron objeto de torturas y abusos sexuales y por los niños que fueron presos políticos en el departamento de Treinta y Tres.
"Seguiremos en el camino de contribuir a dejar un país a nuestros nietos con las garantías de no repetición de las barbaridades sufridas por nuestra sociedad, durante el período del terrorismo de Estado", aseguran desde el colectivo.
