"Si hubiera venido, habría sido detenido", dijo en declaraciones a la prensa Gonzalo Boyé, que también representa a Toni Comín, exintegrante del Gobierno catalán también huido a Bélgica que, al igual que Puigdemont, fue elegido como eurodiputado el pasado 26 de mayo.
En dicha resolución, la JEC estableció como condición para la asunción del acta que los candidatos electos acudieran este 17 de junio al Congreso de los Diputados para prestar juramento o promesa de acatamiento de la Constitución.
En consecuencia, según las condiciones fijadas por la JEC, Puigdemont debería desplazarse a suelo español para recoger el acta, lo que con toda probabilidad provocaría su detención, ya que todavía pesa contra él una orden de busca y captura para ser procesado por la posible comisión diversos delitos —entre ellos el de rebelión— en relación al proceso independentista catalán.
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Para evitar ese escenario, Gonzalo Boyé se presentó este 17 de junio en el Congreso de los Diputados con un poder notarial que supuestamente acredita el acatamiento de la Constitución por parte de Puigdemont y Comín.
Del mismo modo, Gonzalo Boyé presentó un documento en el que sus representados otorgan consentimiento para que sea él quien recoja las actas en su nombre.
Sin embargo, la JEC rechazó la fórmula propuesta por el abogado de Puigdemont y no expidió el acta.
"Hemos venido al Congreso con los poderes de Puigdemont y Toni Comin para prestar juramento en representación de ellos, pero la Junta Electoral lo ha rechazado", resumió Boyé en declaraciones a la prensa.
En opinión del abogado, los trámites realizados por Puigdemont completan los requisitos para la adquisición del acta a efectos jurídicos, por lo que avanzó que recurrirá ante la justicia europea la negativa de la Junta Electoral de entregar el acta.
