"El juicio queda visto para sentencia", proclamó el magistrado Manuel Marchena, presidente del tribunal, después de que los doce acusados hicieran uso de sus últimos turnos de palabra.
En la última sesión del juicio, los líderes independentistas rechazaron los cargos formulados en su contra y defendieron su actuación, alegando que fue la ejecución de un "mandato democrático".
En concreto, la Fiscalía cree que los líderes catalanes llevaron a cabo "un ataque al orden constitucional" donde "la violencia utilizada fue un instrumento para favorecer la declaración de independencia".
Por su parte, la Abogacía del Estado considera que "la violencia no fue uno de los elementos estructurales" del proceso independentista, por lo que no formula acusaciones por rebelión sino por sedición.
Últimos turnos de palabra
Los líderes independentistas catalanes sometidos a un procedimiento penal en el Tribunal Supremo de España utilizaron sus últimos turnos de palabra en el juicio para defender su actuación y además para pedir soluciones políticas al conflicto territorial en Cataluña a través del diálogo.
"Creo sinceramente que lo mejor para España, para Cataluña y para Europa sería devolver la cuestión al terreno de la política, al terreno del diálogo, la negociación y el acuerdo", dijo durante su último turno de palabra Oriol Junqueras, exvicepresidente del Gobierno catalán.
En su turno de palabra, al igual que el resto de los acusados, Junqueras negó cualquier vinculación del independentismo con la violencia y, en un plano personal,se definió a si mismo como un hombre de "convicciones democráticas y pacíficas".
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En cuanto a las acusaciones, el líder independentista defendió que "votar no puede ser delito" y admitió que como político pudo haber cometido "errores" a lo largo de su desempeño, pero siempre bajo la intención de "ser útil" y defender "los derechos fundamentales".
Romeva defendió la convocatoria del referéndum porque, en opinión del Gobierno catalán, ante la "situación de conflicto" era necesario "poner los medios para que todo el mundo se pudiera expresar".
"Pese a que el 80% de los catalanes quieren votar, los poderes del Estado nos negaron los mecanismos para hacerlo", argumentó.
Aunque la convocatoria se hizo desoyendo la prohibición del Tribunal Constitucional, Romeva se mostró convencido de que "con el Código Penal en la mano, hacer un referéndum no es delito".
"En este banquillo no estamos sentados solo doce personas, sino millones de personas que se sienten concernidas", dijo Romeva, antes de opinar que la causa judicial "afecta a todas las personas que quieren construir un mundo más respetuoso entre las diversidades".
En un sentido similar se expresó el líder civil Jordi Sànchez, que intentó alertar a los magistrados de la importancia de su sentencia para el futuro de España, ya que el sentido de su decisión "afectará a la interpretación de múltiples derechos y libertades políticas"
"Es injusto que ustedes tengan que resolver un problema de naturaleza política", afirmó Jordi Sànchez, dirigiéndose al tribunal.
A lo largo de sus intervenciones, los representantes catalanes insistieron especialmente en argumentar que su actuación se derivaba de un "mandato democrático" y, sobre todo, aseguraron que todas sus decisiones fueron pacíficas, negando el relato de violencia formulado por las acusaciones.
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Por ejemplo, el exportavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull, argumentó que en el referéndum del 1 de octubre "no hubo masas ni turbas", sino "ciudadanos ejerciendo de ciudadanos".
Otros vendrán detrás
Además, los acusados se reiteraron en sus convicciones políticas —que muchos de ellos situaron como la causa del juicio— e incluso afirmaron que, sean o no condenados, una gran parte de la ciudadanía catalana seguirá buscando la independencia.
"Después de nosotros siempre vendrán más, no existen suficientes cárceles para frenar el anhelo de libertad de un pueblo, así de simple y así de trascendente", afirmó Josep Rull, exconsejero de Territorio del Gobierno catalán.
En un discurso similar, el líder social Jordi Cuixart reiteró su compromiso con el independentismo y, si es necesario, con la desobediencia civil para como vehículo para lograr sus objetivos, pero siempre desde un prisma que no promueva "el odio contra España ni contra sus pueblos".
Sentencias pendientes
El exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, es la persona que afronta mayores penas de prisión en este juicio: la Fiscalía pide para él 25 años de prisión como culpable de delitos de rebelión agravada y malversación mientras que la Abogacía del Estado pide una condena de 12 años por sedición.
En un tercer grupo se sitúan Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa —todos ellos exintegrantes del Gobierno catalán—, que afrontan una petición de 16 años por rebelión y malversación por parte de la Fiscalía y de 12 por sedición desde la Abogacía del Estado.
Finalmente, otros tres exintegrantes del Gobierno catalán —Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó— afrontan peticiones coincidentes por parte de la Fiscalía y la Abogacía, que les reclaman 7 años de prisión por malversación y desobediencia.
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A estas peticiones hay que añadir las de la acusación popular, formulada por el partido ultraderechista Vox, que reclama penas que van desde los 24 a los 74 años de prisión para once de los doce acusados bajo la consideración de que todos los delitos anteriores fueron cometidos en el marco de una "organización criminal".
Contexto
La sesión de este 12 de junio se puso fin a un juicio iniciado hace justo cuatro meses, el 12 de febrero, y que llevó a más de 400 personas a pasar por el Tribunal Supremo para prestar prueba testifical, encontrándose en la lista de testigos personas tan destacadas como el expresidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, varios de sus ministros, o los mandos policiales encargados del dispositivo para frenar el referéndum.
En la exposición de sus informes finales, las defensas rechazaron de plano esa interpretación recordando que en las manifestaciones del 20 de septiembre, aunque varios coches de policía fueron vandalizados, no hubo heridos ni detenidos.
Del mismo modo, las defensas argumentan que los varios centenares de heridos que se produjeron el 1 de octubre durante la operación policial para detener el referéndum fueron fruto de una actuación irresponsable por parte de las autoridades españolas.
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En opinión de las defensas, ninguna de las acusaciones formuladas tiene fundamento a excepción de la referente a la desobediencia, un asunto sobre el que sí admitieron una posible comisión de irregularidades ya que el referéndum fue convocado desoyendo al Tribunal Constitucional.
En esas intervenciones, los acusados reiteraron su compromiso con la causa independentista, denunciaron una persecución ideológica, manifestaron su pesar por la situación de prisión preventiva de nueve de ellos y, finalmente, instaron al Tribunal Supremo a ser conscientes de la relevancia política de la sentencia que deben dictar.
"Ustedes tienen una oportunidad de decir cuáles son los límites derechos y libertades. La democracia se defiende con más democracia y los derechos con más derechos", dijo Jordi Sànchez dirigiéndose al tribunal, al que deseó "toda la luz" de cara a la redacción de la sentencia.
La complejidad del caso y la extensión del juicio hacen que no se prevea la emisión de sentencia al menos hasta que termine el verano.
