"Jesús Santrich es un mafioso (…), ¿cómo uno puede pretender, en un país, que tengamos un mafioso posesionándose como congresista?", dijo Duque a la prensa al término de su primera visita oficial a Argentina, según declaraciones difundidas por la Presidencia de Colombia.

"¿Cómo puede un país aceptar que se posesione alguien que tiene una acusación con esos testimonios tan claros de participación en narcotráfico? Eso, como mínimo, amerita una suspensión de la Procuraduría y, obviamente, lo que esperamos, también, es que la justicia opere y tenga una sanción proporcional, ejemplarizante y efectiva por esos actos de narcotráfico", agregó el jefe de Estado colombiano.
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Mas temprano, el procurador Fernando Carrillo insistió a la Corte Suprema de Justicia para que emita una orden de captura contra Santrich, quien es investigado por la justicia ordinaria por el presunto envió de cocaína a Estados Unidos, por lo cual es pedido en extradición por ese país.

Carrillo hizo la petición pese a que la Corte Suprema de Justicia había indicado que no existen pruebas suficientes para ordenar la captura de Santrich y que no es el momento judicial para detenerlo.
"En su momento será necesario definir la situación jurídica, indicando si hay lugar o no a imponer medida de aseguramiento (detención) si hubiere prueba que la justifique", dijo la Corte en un documento reciente.
Asimismo, indicó que "no se vislumbra que resulte necesaria, proporcional y razonable ordenar la captura para fines de indagatoria" por ahora.

Sin embargo, un mes después de ser elegido como diputado fue detenido en Bogotá por agentes de la Fiscalía por solicitud de Estados Unidos, que lo pide en extradición, lo cual le impidió asumir su escaño el 20 de julio de 2018.
Santrich, quien participó en los diálogos de paz de La Habana, es señalado por la Fiscalía de Colombia y la justicia de Estados Unidos de un supuesto acuerdo con el Cártel de Sinaloa (México) para exportar 10 toneladas de cocaína hacia el país norteamericano por unos 15 millones de dólares que luego se venderían por hasta 300 millones en el mercado local.
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Los presuntos delitos habrían ocurrido entre junio de 2017 y abril de 2018, después de la firma del Acuerdo Final de Paz, por lo que no estaban comprendidos en los hechos contemplados por la justicia transicional de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), a la cual se acogió Santrich, y darían paso a su extradición.