El Gobierno está dando señales que son "un gran estímulo para deforestar", porque generan expectativas de impunidad, dijo el especialista, integrante del Instituto del Hombre y del Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon).
Si bien no es estatal, el ministerio de Justicia reconoce a Imazon como organización de la sociedad civil de interés público.
Para Souza, el presidente brasileño considera que hay una "industria" de multas ambientales que obstaculiza el progreso económico, y durante la campaña electoral prometió no dedicar "ni un centímetro" de tierra más a reservas indígenas, los territorios que mejor logran preservar la Amazonia.
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Además, uno de los hijos del presidente, el senador Flávio Bolsonaro, es uno de los impulsores de un cambio legal para que los propietarios rurales no se vean obligados a conservar una parte de la vegetación nativa, como ocurre hasta ahora, aunque por el momento su iniciativa no ha logrado salir adelante.
Deforestación especulativa
El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, ha propuesto revisar los niveles de protección de los parques naturales para permitir actividades como la minería o la construcción de líneas férreas.
Según Souza Junior, que trabaja en el estado de Pará (norte), uno de los campeones nacionales en destrucción de la selva, éstas y otras declaraciones de intenciones ayudan a impulsar lo que él denomina "deforestación especulativa".
"Se deforesta anticipadamente con la expectativa de que más adelante habrá una amnistía, que el área será regularizada y se podrá ejercer la actividad que comenzó siendo ilegal", explicó.
El ICM-Bio, que se encarga de preservar las zonas protegidas, aplicó 35% menos de multas en el primer trimestre de este año que en el mismo periodo del año anterior.
Además, los datos recopilados por Imazon con las imágenes tomadas desde el espacio demuestran que las unidades de conservación no son una garantía total para la protección de la selva, ya que 10% de la deforestación ocurre dentro de zonas protegidas.
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La mayor parte, alrededor de 70%, se debe a la creación de pastos para el ganado o la agricultura, sobre todo en estados que están en la "frontera" agrícola, las regiones de Brasil que bordean la Amazonia, donde la selva está más degradada, dijo el investigador.
Los datos son del Instituto Socio Ambiental, que subrayó que las principales causas son "la agricultura y la ganadería, la morosidad en la regularización ambiental y la sensación de impunidad".
La deforestación en Brasil crece desde el año 2012, cuando se aprobó el Código Forestal, que en su momento fue muy criticado por los ecologistas por considerar que perdonaba la deforestación ilegal, creando un peligroso precedente.
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Según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, entre agosto de 2017 y julio de 2018 se perdieron 7.900 kilómetros cuadrados de selva, más de cinco veces el tamaño de la ciudad de São Paulo. Fue la mayor superficie devastada desde 2012.
Souza Junior recuerda que en aquel entonces la presión de la sociedad civil obligó al Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) a aprobar un plan de combate a la deforestación ilegal que en un principio dio buenos resultados.
La deforestación bajó en los años siguientes gracias a fuertes políticas públicas, la creación de nuevas áreas protegidas en la frontera agrícola para frenar el avance de la deforestación hacia el corazón de la Amazonía o el involucramiento del sector agrícola y ganadero y de los bancos, que negaban crédito rural a los municipios incluidos en la lista negra de máximos deforestadores.
