Cada vez son más voces, dentro y fuera del Viejo Continente, las que creen que la política migratoria del club de Bruselas es sencillamente criminal y merece un duro castigo. En consonancia con esa idea, el Tribunal Penal Internacional (TPI) ha recibido esta misma semana un exhaustivo alegato que solicita que la UE y sus Estados miembros sean procesados por "crímenes contra la humanidad", un delito extraordinariamente grave.
El documento, de algo más de 240 páginas de extensión, denuncia que funcionarios y políticos europeos sabían perfectamente que estaban ayudando a crear la "ruta migratoria más mortal del mundo", un itinerario que, entre enero de 2014 y julio de 2017, segó la vida de más de 14.000 personas procedentes de países de África y Asia, principalmente.
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La demanda está firmada por dos abogados con amplia experiencia en casos de Derecho Internacional: Juan Branco, quien ya trabajó anteriormente para el TPI y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, y Omer Shatz, un abogado israelí que da clases en la Universidad Sciences Po (Ciencias Políticas) en París. Shatz forma parte de la Red Mundial de Acción Legal (GLAN, por sus siglas en inglés), una ONG con sede en Londres e integrada por juristas que ya ha pleiteado en nombre de víctimas inmigrantes.
La policía europea de fronteras pronosticó entonces que el cambio tendría tal impacto que constituiría "un medio de disuasión para las redes de facilitación y los inmigrantes […], teniendo en cuenta el hecho de que el barco debe navegar ahora durante varios días antes de ser salvado o interceptado".
En un año, Mare Nostrum, que costaba 9 millones de euros al mes casi todos pagados por Italia, rescató a 150.00 personas. A principios de 2015, Mare Nostrum fue sustituida por la operación Tritón —llamada así por el famoso dios griego mensajero de los mares—, financiada por los 28 Estados, y de la que desaparecieron las patrullas europeas en las costas libias. Ahora se trata de proteger las fronteras de Europa más que de salvar la vida de los inmigrantes.
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Con la excusa de contribuir a la reconstrucción de Libia, la UE decidió en 2017 reforzar el papel de los guardacostas de ese país africano. "Gracias a una compleja combinación de actos legislativos, decisiones administrativas y acuerdos formales", continúa el escrito, la Unión les suministró ayuda material —sobre todo barcos— y les entrenó a bordo de buques militares y en suelo europeo —España, Grecia, Italia y Malta—. También les está dando instrucciones directas, "facilitándoles datos como la localización de los barcos de inmigrantes que naufragan".
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— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 6 сентября 2018 г.
En su denuncia, los dos mencionados abogados se remiten, además, a otros documentos públicos europeos así como a declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, la canciller de Alemania, Angela Merkel, y otros altos cargos de la Unión. En general, no aportan pruebas nuevas pero analizan pormenorizadamente cinco años de política migratoria que dejan en muy mal lugar a los dirigentes europeos, al constatar que su objetivo era "ignorar la suerte de los inmigrantes que naufragan en el mar para disuadir a la personas que se encuentran en la misma situación de buscar un refugio seguro en Europa".
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"Con el fin de frenar los flujos migratorios de Libia a toda costa [...] y en lugar de realizar operaciones de rescate y desembarque seguros, como exige la ley, la UE está orquestando una política de traslado forzado a instalaciones de detención similares a los campos de concentración [en Libia], donde se cometen crímenes atroces".
Ese es otro de los párrafos que se puede leer en el alegato filtrado a varios periódicos europeos antes de su presentación al Tribunal, la única instancia permanente para juzgar el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad.
Sin embargo, el futuro del pleito se vislumbra bastante negro. La fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, no está obligada legalmente a aceptar a trámite las comunicaciones recibidas por individuos u organizaciones no gubernamentales. La propia Bensouda, originaria de Gambia, conoce bastante bien el asunto pues, a instancias del Consejo de Seguridad de la ONU, investiga desde hace años los crímenes cometidos en Libia, aunque el foco principal de sus pesquisas se centra en la guerra civil libia, desatada en 2011 y que llevó al derrocamiento y muerte de Muammar Gadafi.
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En 2017 ella misma informó de que su oficina seguía "recogiendo información sobre graves y cuantiosos crímenes supuestamente cometidos contra migrantes intentando cruzar el país" y denunció que Libia se había convertido "en un mercado de tráfico de seres humanos". Pero de ahí a dar el salto y tramitar la acusación contra Bruselas hay todo un mundo.
La pelota está en el tejado de la Fiscalía del TPI. Pronto veremos si Bensouda se atreve o no a entrar en las estructuras del poder, investigar en el corazón de Bruselas, París, Berlín y Roma y ver, buscando en los archivos de las reuniones de las negociaciones, quién estaba realmente detrás de estas políticas tan perjudiciales e inhumanas.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
