Protestas en Honduras: "El presupuesto de la educación se volcó a la seguridad de la clase política"
Las protestas comenzaron a fines de abril y buscan derogar los decretos presidenciales que reglamentaron la ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación.
Estos decretos establecen la creación de comisiones para la reestructuración y transformación del sistema de salud y educativo, lo que es considerado una puerta a la privatización. Según los docentes y médicos, estas medidas forman parte de una serie de resoluciones que permitieron la privatización de otras áreas importantes del país como las telecomunicaciones.
"Esta ley brindaba poderes a una comisión sobre el estatuto del docente hondureño para que tome decisiones y despida a profesores. Busca privatizar servicios públicos, especialmente la educación”, dijo Troches. Por eso, se pide derogar estos decretos para que los estudiantes regresen a clases. “De lo contrario, la lucha será indefinida", agregó.
Ovenir Flores, vicepresidente del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, dijo por su parte que la situación de la educación en el país es "crítica".
"El 75% de los centros educativos están destruidos. No hay pupitres en las aulas, no hay merienda escolar ni capacitación docente. Los salarios de los maestros llevan 10 años congelados", explicó.
Los decretos también establecen que docentes, estudiantes y padres no podrán ocupar los centros de estudio en el marco de protestas.
El Gobierno de Juan Orlando Hernández redujo el presupuesto en educación y "lo derivó a defensa y a una seguridad que no es para el pueblo, sino para la clase política que busca mantenerse en el poder", agregó Flores.
En febrero se instalaron mesas técnicas para estudiar y plantear soluciones pero no contaron con la participación del Gobierno, salvo para la inauguración.
"El Ministro de Educación (Arnaldo Bueso) no le ha dado importancia al tema. Nunca se presentó él o alguna autoridad importante del Gobierno a los espacios de diálogo. No ha habido voluntad política", manifestó Flores.
Las acusaciones contra el fundador de Wikileaks podrían suponer una condena de hasta 170 años, según el diario The Washington Post.
'En Órbita' dialogó sobre el tema con el analista internacional Alberto López Girondo, quien considera que este es un ataque "no solo contra una persona que difundió información, sino contra la libertad de prensa".
Además, la Corte Suprema de Brasil se prepara para tipificar la homofobia como delito equivalente al racismo. Seis de los 11 jueces se pronunciaron a favor de la medida, pero la decisión se confirmará el 5 de junio, cuando deban pronunciarse los magistrados que aún no lo han hecho.
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