"Las versiones publicadas en diferentes medios y redes sociales, sobre supuestas indagaciones para identificar fuentes relacionadas con una publicación o sobre supuestos polígrafos, no son ciertas y tampoco tienen fundamento de ninguna especie", dijo en un comunicado el general Mauricio Moreno, comandante de la Segunda División del Ejército.
El militar respondió así al director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, quien más temprano el 22 de mayo preguntó sobre el tema al ministro de Defensa colombiano, Guillermo Botero.
"Guillermo Botero. ¿Es cierto que en este momento están interrogando a 15 oficiales en la sede de la Segunda División del Ejército para saber quién le dio la información al New York Times? Sería muy grave que hubiera retaliaciones contra oficiales que se animaron a contar la verdad", escribió Vivanco en Twitter.
En su comunicado, Moreno aseguró que sí estaba en una reunión con varios comandantes de brigadas en un cantón militar en la ciudad de Bucaramanga (nordeste), pero para tratar temas ambientales, no por nada relacionado con la publicación del diario estadounidense.
El 18 de mayo, NYT publicó un artículo del periodista Nicholas Casey, titulado 'Las órdenes de matar del Ejército ponen en riesgo a civiles'.
El texto citaba un documento privado del Ejército colombiano en el que se ordenaba a los comandantes de tropa que indicaran el objetivo de combate, los resultados operacionales de 2018 y sus proyecciones para este 2019.
Entre los años 2002 y 2008 (durante el gobierno del derechista Álvaro Uribe) brigadas del Ejército en todo el país asesinaron de manera extrajudicial a miles de civiles para reportarlos como guerrilleros caídos en combate, en lo que se conoce como casos de "falsos positivos", con los cuales los militares recibían ascensos y beneficios.
Luego de la polémica que se generó en el país a raíz de la publicación, el lunes el Comando del Ejército de Colombia anunció que retirará el documento, presentado a las tropas en enero de este año y que contaba con la aprobación del Gobierno.
La medida se tomó para "evitar malas interpretaciones", según dijo el general Nicacio Martínez, comandante del Ejército, al diario local El Tiempo.
Los tribunales colombianos han condenado a más de 800 miembros del Ejército por ejecuciones extrajudiciales, en su mayoría soldados y suboficiales, mientras que las autoridades no han llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre los altos mandos y, por el contrario, han ascendido de rango a militares presuntamente implicados en ese tipo de hechos.
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El 19 de mayo, Casey anunció que dejó Colombia luego de haber recibido una serie de presiones por redes sociales como consecuencia de su artículo.
