La carta, fechada el pasado 19 de mayo pero dada a conocer el 21 de mayo, señala que el artículo, titulado “Las órdenes de letalidad del Ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales”, “muestra una visión tendenciosa, parcial y distorsionada de los esfuerzos que el Estado colombiano y su ejército hacen para estabilizar los territorios y consolidar el orden y la seguridad”.
La misiva, firmada por el canciller Carlos Holmes Trujillo y por el ministro de Defensa, Guillermo Botero, también señala que los esfuerzos del ejército buscan “proteger a la población y los derechos y las libertades”.
El artículo del NYT, que cita a varias fuentes militares y partes de los documentos incluidos en la nueva directriz, señala: “Una orden que causa especial preocupación instruye a los soldados que no ‘exijan perfección’ al momento de ejecutar ataques letales, incluso si tienen preguntas significativas sobre los objetivos que están atacando”.
El periódico agrega: “Algunos militares dicen que esa orden implica que reduzcan sus normas para proteger a civiles inocentes de ser asesinados, y que ya ha ocasionado muertes sospechosas o innecesarias”.
Según el informe del diario estadounidense, en una reunión en el mes de enero se les pidió a los generales y coroneles que firmaran un compromiso para “intensificar los ataques” y que a partir de entonces los reportes internos diarios muestran la cantidad de días que las brigadas pasaron sin entrar en combate.
Los ministros Trujillo y Botero replicaron en su carga que “los indicadores de esta naturaleza son absolutamente inaceptables para el Gobierno colombiano. Entre otras cosas, ello implicaría conductas que, en el evento de ocurrir, deberían ser perseguidas y castigadas plenamente por el sistema judicial”.
Sin embargo, el jefe del ejército, Nicacio Martínez, dijo en una entrevista al diario El Tiempo que la directriz será eliminada “porque ha habido confusión, no dentro de la institución, sino por fuera; lo que queremos es no generar y no seguir insistiendo en algo que de pronto por fuera lo malinterpreten”.
Los ministros reclamaron que el artículo, escrito por el periodista Nicholas Casey, habla de “supuestas entrevistas oficiales sin nombres” y que expone “documentos oficiales que son parcialmente citados y sacados del contexto apropiado”.
Además, acusaron a Casey de omitir “convenientemente” en su artículo “las respuestas detalladas” que sobre el tema le entregó el comandante Martínez, quien habría dicho que “no se aceptarían resultados operacionales que no cumplieran con los estándares de la legalidad y lo concerniente a la protección de los derechos humanos y los principios del derecho internacional humanitario".
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Los tribunales colombianos han condenado a más de 800 miembros del ejército, la mayoría soldados y suboficiales, por esas ejecuciones extrajudiciales.
Pero las autoridades no han llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre los altos mandos responsables de esas órdenes.
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Al contrario, hubo ascensos de militares presuntamente implicados en esos crímenes.
