El presidente del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, ordenó suspender la lectura luego de tres horas y pasar a cuarto intermedio hasta el próximo lunes a las 9:30 hora local (12:30 GMT).
El único percance tuvo lugar al inicio de la audiencia, cuando el abogado Maximiliano Rusconi, defensor del exministro de Planificación Julio de Vido, intentó presentar un planteo de "gravedad" pero fue interrumpido por Gorini, quien señaló que no era el momento para hacerlo.
La expresidenta, sentada en una de las últimas filas de la sala AMIA, escuchó en silencio junto a su abogado las acusaciones en su contra.
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En el caso se la imputa como jefa de una "matriz de corrupción" junto a su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), a través de la cual sustrajeron supuestamente de las arcas públicas 46.000 millones de pesos (1.000 millones de dólares).
La audiencia tuvo lugar en una sala colmada de periodistas y simpatizantes de la expresidenta, la sala AMIA, el espacio de audiencias más grande que existe con capacidad para unas 160 personas que es nombrado así porque allí se realizaron juicios relacionados con el atentado terrorista 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina.
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El juicio contra 13 acusados se centra en el supuesto direccionamiento de 51 proyectos de obras viales en beneficio del empresario Lázaro Báez, dueño de la empresa Austral Construcciones, detenido en 2016, y presunto testaferro del matrimonio Kirchner-Fernández.
Se estima que a lo largo del debate comparezcan unos 160 testigos, entre ellos empleados de la Dirección Nacional de Vialidad, exfuncionarios de Santa Cruz y especialistas que serán consultados por las obras viales.
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En el lugar 117 de la lista de testigos figura el político y abogado Alberto Fernández, quien fue jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y por unos meses también de Cristina Fernández, y que será precandidato presidencial en una fórmula que la exmandataria completará como aspirante a la vicepresidencia para las elecciones del 27 de octubre.
En las afueras del edificio de tribunales se desplegó un operativo de seguridad en el que intervinieron la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería.
Se estima que el juicio oral y público se extenderá durante más de un año, de forma paralela al proceso electoral.
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