"Es una gran tontería (la supuesta amenaza a la soberanía); la ley del petróleo fue alterada por un gobierno de izquierdas en 2010 para crear el régimen compartido de los yacimientos del presal (que supuso la entrada de multinacionales extranjeras en el negocio de la explotación petrolífera)", comentó Ottone.
La regulación creada en 2010 establece que el Gobierno y las empresas contratadas para explotar una zona del presal comparten el petróleo o el gas de ese yacimiento.
Hasta 2016, la estatal Petrobras debía estar presente de forma obligatoria en todos los contratos de explotación del presal con una presencia de al menos el 30% del consorcio.
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Sin embargo, el Gobierno de Michel Temer (2016-2018) modificó la ley y acabó con esa obligatoriedad: ahora Petrobras puede elegir si participa o no, lo que implica que hay yacimientos enteramente explotados por empresas extranjeras.
La explotación en los campos del presal aumentó rápidamente en los últimos años, y según datos referentes al pasado mes de marzo, estas reservas ya representan el 59,4% del total de la producción nacional.
En ese periodo se produjeron 1,9 millones de barriles por día, un crecimiento del 6% respecto a febrero y del 11% respecto a marzo de 2018.
Si la entrada de capital extranjero en los valiosos pozos del presal despertó desconfianza en algunos sectores, sobre todo vinculados a sindicatos y partidos políticos de la izquierda, no es menor la preocupación que genera la hipotética privatización de Petrobras.
En la actualidad, los campos operados por Petrobras representan el 95% del petróleo y gas natural que se produce en Brasil.
A finales de abril, siguiendo las recomendaciones de la ANP, Petrobras anunció la venta de ocho de sus refinerías y de una red de gasolineras en Uruguay, en el marco de una estrategia para reducir su deuda, que actualmente está en los 78.800 millones de dólares.
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Para algunos analistas, como Mauricio Canêdo, profesor de la Escuela Brasileña de Economía y Finanzas de la Fundación Getúlio Vargas, la decisión de vender activos es acertada.
"La idea de vender activos es mantener el foco en las actividades en que Petrobras tiene más "expertise", que son la explotación y producción de petróleo, y al mismo tiempo, con esos valores recaudados, ayudar a financiar inversiones en esas áreas", comentó a Sputnik.
El presidente Bolsonaro aseguró en abril que tiene una "simpatía inicial" por la privatización de Petrobras, a pesar de que hasta el momento se había mostrado contrario por tratarse de una empresa estratégica, y sólo había dado su visto bueno a la venta de la distribución al sector privado.
El director de la ANP evitó pronunciarse sobre una eventual privatización de la semiestatal: "La decisión es una decisión de Petrobras, lo que yo defiendo es que por ser una empresa con una participación relevante de los órganos reguladores habría que ver el proyecto de inversiones a la luz de los intereses nacionales", dijo, y añadió: "Es cosa del Gobierno".
La expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016) aseguró en una reciente entrevista exclusiva con Sputnik que ve riesgo de que Petrobras sea privatizada "poco a poco" y advirtió que éste será el próximo objetivo del Gobierno una vez que se apruebe la reforma del sistema de pensiones.
