Históricamente las familias se han encargado de la tarea de buscar el paradero de sus seres queridos. Sin embargo, la nueva ley general de desaparición obliga a que la autoridad se una a la tarea de las familias.
Sputnik te presenta cómo es el trabajo de esta buscadora, que lleva adelante una tarea similar a la que viven miles de familias en el país. Silenciosamente, estos investigadores circunstanciales han hallado cientos de fosas clandestinas en prácticamente todos los Estados de la República.
No es un esfuerzo menor: según datos oficiales, apenas, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 13 de mayo de 2019 se han hallado 81 sitios de enterramiento clandestino con 222 fosas, de las que se han recuperado 337 cuerpos.
El caso
La vida de Soto cambió drásticamente el 5 de abril de 2009. En la noche anterior, su marido Juan Pablo Alvarado Oliveros, un joven veterinario, fue de visita a la casa de Isaías. Pasadas las 11 de la noche, ambos compañeros de trabajo salieron en la camioneta del primero a comprar cervezas y agua a una tienda.
"Yo me quedé en la casa con los niños, pero se tardaron un buen (mucho). Isaías había dejado su celular, entonces empecé a llamar al de Juan Pablo pero me desviaba las llamadas, hasta que más tarde el teléfono estaba apagado", relató Claudia a Sputnik.
No regresaron durante la noche. La familia salió a buscar en hospitales y cárceles, pensando que podrían haberlos detenido. Al día siguiente, el domingo, llegó otro amigo a avisar que había encontrado la camioneta de Juan Pablo vacía y abandonada cerca de su casa.
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La camioneta estaba baleada, tenía siete tiros del lado del copiloto. La defensa estaba caída y tenía marcas de pintura verde, como si le hubiera cerrado el paso una patrulla militar, dice Claudia.
"Habían sido militares los que los habían detenido, una persona de la calle lo vio. Vio una de esas camionetas que vienen con el arma atrás, con soldados encapuchados que al ver a esta persona, le apuntaron con una linterna en la cara y le dijeron que se metiera a su casa", relató Claudia a Sputnik.
Las denuncias
Al día siguiente, los padres de Isaías llegaron desde su pueblo natal, Tuxtepec, en el estado de Oaxaca. Claudia estaba entonces embarazada de su tercer hijo, un bebito que nacería prematuro y llevaría el nombre de su padre. Un bebito que murió días después de nacer.
"Mis suegros y mi padre fueron al campo militar porque yo estaba en el hospital. Los atendió un teniente, que les dijo varias veces que esperaran, que fueran prudentes, que a lo mejor regresaba. Pero les negaron tener registro de ese operativo, siempre negaron esto", explicó.
En la Procuraduría local tampoco quisieron tomarles la denuncia y les pidieron que esperaran 72 horas, algo prohibido por la ley de Desaparición Forzada, que establece que se debe activar una búsqueda inmediata. No fue así en 2009, por lo que la familia de Isaías comenzó a hacerlo por su cuenta.
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Ante la inacción de las autoridades, la familia consiguió que dos senadores nacionales —Rosario Ybarra de la Garza y Gabino Cué— exhortaran a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) a brindar información sobre el paradero de los veterinarios, así como de los operativos y detenciones que hubiese realizado el Ejército en las coordenadas en que ellos fueron desaparecidos.
"La Sedena respondió que los hechos fueron el 15 de abril, no el 5 y que ese día ellos estuvieron en el lugar, que la camioneta estaba y que había otra alejándose a gran velocidad", contó Claudia, una respuesta que es notoriamente falsa.
A su vez, la Procuraduría General de la República (actual FGR), del nivel federal de justicia, "declinó cinco o seis veces la averiguación a la procuraduría del Estado. El [agente del] Ministerio Público asignado, Iván Alonso, me decía que preguntara a los vecinos, que yo investigara y él veía para ir después", relató Claudia.
Así, Claudia supo que los militares habían regresado al amanecer para recoger los casquillos percutidos que habían quedado en torno a la escena de la desaparición: 39 casquillos calibre 223, compatible con ametralladoras AR15, un arma considerada "uso exclusivo del Ejército".
"Yo vi los casquillos, los conté de uno en uno, pero en el expediente no hay nada", explicó Claudia. La única evidencia que queda de su existencia, es la publicación de la crónica roja local.
Otra de las pruebas centrales del caso, un retazo de tela manchada con sangre, cortado del revestimiento de la camioneta, fue destruida por la autoridad. Claudia explicó que el análisis pericial que le hicieron originalmente dio como resultado que se trataba de sangre humana y no animal.
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Pero no fue identificado el ADN de esa prueba. Cuando el año pasado Claudia volvió a solicitar un nuevo peritaje, le respondieron que había sido destruida porque consideraron que era un "riesgo sanitario" y no la principal prueba de un caso de desaparición forzada.
Las búsquedas
Al mes de lo sucedido, Claudia se acercó a Raúl Vera, obispo de la Diócesis de Saltillo, la capital del Estado, a dos horas y media de Torreón. Allí nació 'Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos', uno de los primeros colectivos de familiares de su tipo en el país, con el apoyo del prelado y el Centro Diocesano de Derechos Humanos 'Fray Juan de Larios', del que Claudia fue parte.
Luego, participó de las búsquedas del Grupo Vida, también de la zona del Torreón, fundado por Silvia Ortiz y Óscar Sánchez Viesca. Ambos son padres de Fanny, una niña desaparecida en ese sitio en 2004, cuando tenía 14 años.
El colectivo es pionero en la búsqueda de fosas clandestinas en Coahuila. Cuando empezaron, Claudia participó de las Brigadas Nacionales promovidas por los Trujillo-Herrera, otra familia mexicana que sigue las pistas con la esperanza de encontrar a cuatro de sus hijos y promovió una alianza nacional de familiares para buscar a las víctimas.
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Desde entonces, siguiendo el trayecto de otros familiares como ella, Claudia se ha convertido en una buscadora. Y consigue pistas, como la que, a fines de abril, los llevó a un predio rural rumbo al poblado de Viesca.
El hallazgo
Como dice la buscadora, el recinto "es un predio sin fin, sin sombra, con mezquite", un tipo de vegetación baja y espinosa común en esta zona.
Según descubrió el Grupo Vida en otros centros de exterminio en los que han trabajado, el modus operandi era sumergir los cuerpos en tambos de ácido, para luego machacar a golpes los restos que no se hubiesen desintegrado.
Así, las familias de Coahuila se han entrenado para encontrar fragmentos de pocos centímetros. Piezas así representan un desafío para la ciencia forense, pero que en muchos casos pueden ser identificados.
Según el primer informe oficial en materia de ubicación de fosas clandestinas" presentado por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en Coahuila se han hallado 33 kilogramos de restos humanos en cuatro meses, gracias al trabajo de los familiares.
"Desde las 8 de la mañana estuvimos barriendo el predio con las familias", dice Claudia.
Las familias están paradas en fila, mirando el piso. Van caminando en línea recta buscando indicios que les permitan hallar restos. Pasadas las 11 de la mañana hacen su primer hallazgo.
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Las familias de Grupo Vida que participan de esta búsqueda del 29 de abril reconocen el lugar. Ellas ya habían hallado esa misma osamenta, que había sido entregada a la autoridad para su procesamiento.
"La Policía no quiso escarbar, se llevaron lo que vieron y abandonaron el área", explicó Claudia.
Por eso queda la mitad de los restos hallados sin procesar. La misma corporación —Policía Científica federal— debió hacerlo nuevamente, en presencia de las familias que encontraron varios huesos de la cadera y las piernas de un esqueleto.
Según dice Claudia, los agentes del Estado que deberían investigar las pruebas halladas, no lo hacen con la pericia que deberían: por ejemplo, al manipular los restos no utilizan guante. Algo que contrasta con el excesivo escrúpulo que muestran las familias.
"[Violan] los protocolos de búsqueda. Nosotros hacemos el trabajo y aunque ellos son los expertos, no lo hacen bien", constata.
Todo el material que usaron para esa diligencia fue provisto por el Grupo Vida, así como el tesón de las familias para buscar. Ante la desidia de la autoridad, Claudia fundó su propio colectivo junto a otras familias. Lo bautizaron 'Rastreadores Nacionales de Desaparecidos'.
