"Como producto de la cooperación judicial internacional, en las últimas horas se han incorporado nuevas evidencias y elementos de prueba que dan cuenta con claridad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las presuntas conductas de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y narcotráfico atribuidas a (Seuxis Pausias) Hernández Solarte", conocido como Jesús Santrich, indicó la fiscalía en un comunicado.
Marlon Marín, quien permanece en una prisión en Estados Unidos, colabora con la Agencia Antidrogas de EEUU (DEA, por su sigla en inglés), en el caso que compromete a Santrich con un supuesto acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína hacia EEUU por unos 15 millones de dólares.
La fiscalía asegura que la nueva orden de detención fue solicitada el 16 de mayo a un juez de control de garantías de Bogotá.
Santrich, fuertemente escoltado y en silla de ruedas, apenas traspuso las puertas de la cárcel bogotana de La Picota cuando agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la fiscalía lo rodearon, le leyeron su nueva orden de detención y lo regresaron al recinto carcelario.
La acción de la fiscalía fue adoptada luego de que el miércoles el tribunal de justicia transicional Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) denegara la extradición de Santrich a EEUU para juzgarlo por narcotráfico.
La JEP, sistema de justicia transicional creado para juzgar crímenes de los combatientes en la guerra civil que terminó en 2016, dictaminó el miércoles que no concedería la extradición y ordenó a la fiscalía ponerlo en libertad de manera inmediata.
Los delitos que se achacan al exguerrillero de las ahora extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habrían ocurrido entre junio de 2017 y abril de 2018, después de la firma del acuerdo de paz entre esa guerrilla y el Gobierno, por lo que no estaban comprendidos en los hechos contemplables por la justicia transicional de la JEP.
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La JEP solicitó a EEUU a través de la cancillería colombiana "las evidencias que soportan el pedido de extradición" de Santrich para evaluar en particular las fechas de los hechos.
La JEP sostuvo en su comunicado del miércoles que "con las pruebas aportadas no se puede evaluar la conducta atribuida a Hernández Solarte ni tampoco determinar la fecha precisa de su realización".
Así, "la aplicación de la garantía de no extradición se fundamentó en que la Sección (de Revisión de la JEP) no pudo evaluar la conducta para determinar la fecha precisa de su realización, dado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no remitió las evidencias solicitadas y a que en las interceptaciones telefónicas de otro caso enviadas a la JEP por la Fiscalía no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición".
La JEP observó además irregularidades en el trámite de extradición, porque la fiscalía no presentó la "solicitud de asistencia judicial que debía tramitar la autoridad extranjera".
En este punto se asienta la decisión de la fiscalía de cumplir primero con la orden de libertad de Santrich y luego volver a detenerlo para investigarlo en Colombia.
"En el fundamento de esta providencia se dispuso que las autoridades judiciales nacionales investiguen la conducta de narcotráfico por la cual las autoridades de Estados Unidos requieren en extradición al señor Hernández Solarte", dijo la fiscalía.
En virtud del acuerdo de paz, el partido creado por la disuelta guerrilla Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) obtuvo 10 escaños en el Congreso (cinco en la Cámara y otros cinco en el Senado) por un plazo de 12 años.
Santrich resultó elegido en los comicios de marzo de 2018, pero un mes después fue detenido, por lo que se presumía que, una vez liberado, ocuparía su escaño en la Cámara de Representantes.
#EnDesarrollo Momento en que Jesús Santrich es reingresado a la cárcel La Picota, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad https://t.co/yqNEZKp2QB pic.twitter.com/vbYOXtB3mg
— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) 17 de mayo de 2019