"La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas de la JEP reiteró que es plenamente competente para ordenar la captura de Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, excombatiente de la antigua guerrilla de las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia]", informó la JEP en un comunicado.
La JEP fue creada en el marco de los diálogos de La Habana para juzgar a militares, excombatientes de FARC y terceros que financiaron el conflicto armado.
La confirmación de este 15 de mayo por parte de la JEP se dio luego de que la Procuraduría General (Ministerio Público) solicitara aclarar si la decisión de los magistrados era una nueva orden de captura o la materialización de las órdenes emitidas anteriormente por la justicia ordinaria y si la pérdida de este beneficio era permanente o temporal.
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La decisión, indicó la JEP, será comunicada a la Policía Nacional, a la Interpol, a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura.
Sin embargo, el único que no se reportó fue Velásquez Saldarriaga, quien tampoco presentó el informe dentro del plazo otorgado ni solicitó prórroga.
Según la JEP, el excombatiente incumplió sus obligaciones con el Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, particularmente con la JEP, organismo de justicia de dicho sistema, "por no comparecer a contribuir efectivamente a la satisfacción de los derechos de las víctimas, a la verdad y a la reparación".
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Tras anunciar la decisión, la sala anunció que concedió el recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor de Velásquez Saldarriaga.
Velásquez Saldarriaga comandó por más de una década la Columna Móvil Teófilo Forero de las FARC y la convirtió en la unidad más violenta y temida de esa guerrilla, luego de que realizó atentados con bombas, masacres e incluso secuestros de aviones y edificios.
Tras acogerse al Acuerdo de Paz, firmado entre el Gobierno y las FARC en noviembre de 2016, el excombatiente obtuvo como beneficios la suspensión de condenas por más de 28 procesos que se llevaban en su contra en la justicia ordinaria, al tiempo que se cancelaron sus órdenes de captura internacional y recibió un pago mensual por parte del Estado colombiano por haberse desmovilizado.
