En el texto, titulado "En un golpe a la verdad y la justicia, el presidente de Colombia intenta matar un frágil acuerdo de paz", la organización critica la decisión de Duque de objetar la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
También propuso que se exija a los exintegrantes de la disuelta guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que compensen financieramente a las víctimas, permitir investigaciones paralelas a las que realiza la JEP y restringir el estatuto de limitaciones para los delitos que pueden ser investigados por el tribunal.
Con esta medida, el presidente colombiano está "sacrificando" los derechos de las víctimas para "apaciguar" los intereses de sus aliados políticos de cara a las elecciones regionales de octubre, sostiene WOLA en el comunicado.
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Desde la organización afirman que es "falso" lo que sostiene Duque de que las modificaciones a la ley estatutaria de la JEP permitirán una paz más "genuina".
Para WOLA, estas modificaciones "garantizan una debilitación de la capacidad de las instituciones colombianas para acabar con la violencia".
"Al manipular los acuerdos de paz para fines políticos, Duque arriesga volver a encender el conflicto civil más prolongado del hemisferio", alerta la organización.
El comunicado expresa además que el presidente colombiano está "ignorando" el hecho de que la JEP ha sido "una voz" para las comunidades étnicas afectadas "de manera desproporcionada" por el conflicto armado.
La JEP, afirma la organización, tiene una composición histórica en su diversidad de género, etnicidad y región, por lo que representa una oportunidad para que las comunidades afrocolombianas e indígenas puedan acceder a la justicia.
"Al castrar la JEP en vez que empoderarla, Duque está obedeciendo a los intereses de un sector élite colombiano, dejando los intereses de una Colombia rural, étnica, y vulnerable a un lado", sostiene WOLA.
La JEP fue creada en el marco de los diálogos de paz de La Habana para juzgar a excombatientes, militares y terceros que financiaron el conflicto.
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La ley estatutaria es la norma que establece mecanismos claros a la JEP para que haga seguimiento a los casos relacionados con el conflicto armado y pueda evaluar si los comparecientes aportan a la verdad plena, a la reparación de las víctimas y ofrecen garantías de no repetición.
