La ruta del tren está compuesta por quince estaciones y recorrerá los estados de Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Tabasco. El objetivo de la vía férrea es impulsar la actividad turística por medio del traslado de mercancías, turistas y trabajadores con el fin de contribuir a la eliminación de la pobreza extrema en esa región del país. El Gobierno contribuirá con un 10% de la inversión total —150.000 millones de pesos, unos 7.800 millones de dólares- mientras que la parte restante será financiada por el sector privado en un plazo de cuatro años.
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La polarización social se ha acentuado en el estado de Quintana Roo, donde la zona costera está plagada de hoteles, restaurantes y centros comerciales mientras que las regiones marginadas habitadas por los trabajadores tienen graves deficiencias en los servicios de electricidad, drenaje y seguridad. Ahora, el turismo se encuentra amenazado por la creciente violencia perpetrada por diversos grupos delictivos, situación que podría reducir la afluencia de turistas extranjeros. El nuevo modelo turístico debe incluir un entorno laboral digno para los trabajadores junto con la protección de las especies animales y vegetales.
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Cabe recordar que los corredores ecológicos permiten el movimiento de especies en peligro de extinción que necesitan extensos espacios para poder sobrevivir como por ejemplo el jaguar, el puma y el mono araña. Por lo tanto, la construcción de puentes aéreos y pasos subterráneos es necesaria para permitir el movimiento de las especies, además de establecer estrictas regulaciones para no afectar las condiciones ambientales. Por esta razón, el Gobierno se comprometió a que el tren funcione con un combustible de hidrógeno que no produzca una elevada contaminación; a que transite a una distancia considerable de las zonas naturales para no estresar a los animales, y a que esté en constante mantenimiento para evitar accidentes durante sus recorridos.
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Por añadidura, los funcionarios públicos están trabajando con habitantes y grupos ambientalistas como la Alianza Nacional de Protección de Jaguar para proteger a la fauna y la flora. Sin embargo, la protección del medioambiente requiere fortalecer el papel de las comunidades indígenas en la administración de las áreas naturales protegidas. En este sentido, las comunidades indígenas deben tener el derecho exclusivo de ocupar los recursos de las áreas protegidas; ser consultadas constantemente para desplegar las iniciativas de infraestructura; y recibir apoyo económico para implementar proyectos comunitarios en la agricultura, ganadería y pesca de forma sustentable.
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Por otra parte, el Fondo Nacional de Turismo creará un Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces (FIBRA) que agrupará a 15 fideicomisos de las estaciones del Tren Maya. Este fondo de inversión financiará la construcción de centros urbanos que estarán constituidos por hoteles, restaurantes, centros comerciales y naves industriales, entre otras obras. El Gobierno ocupará las tierras de los habitantes para construir estos complejos industriales y los beneficios de los proyectos serán otorgados a los dueños de los territorios y los inversionistas. La construcción de infraestructura tendrá un impacto económico, ya que contribuirá a eliminar la pobreza en las comunidades marginadas por medio de la creación de empleos.
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De acuerdo a estimaciones oficiales, el Tren Maya podrá trasladar a tres millones de personas anualmente. El Gobierno se centrará en aumentar la afluencia de turistas de naciones cuyo nivel de ingreso pueda potenciar el flujo de divisas. En la actualidad, la distribución de turistas por nacionalidad está dominada por Estados Unidos, que aporta un 51% del total de turistas cada año. Para diversificar los mercados, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, anunció que incentivará la llegada de turistas asiáticos, principalmente de China y Rusia, porque los turistas chinos y rusos gastan 3.800 y 1.500 euros en promedio respectivamente.
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Por otro lado, los gobernadores estatales deben establecer un marco legal que obligue a las empresas a pagar una remuneración aceptable a los trabajadores. Con el fin de erradicar la informalidad laboral, las autoridades estatales requieren revertir la pobreza de diversos trabajadores (albañiles, meseros, personal administrativo, entre otros) que han sufrido la explotación de las empresas turísticas. En ese sentido la transformación de las relaciones laborales exige la eliminación de la subcontratación, que ha sido utilizado por las compañías turísticas para contratar a los trabajadores sin ningún tipo de prestación.
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