"El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es más de lo mismo y solamente beneficia a aquellos actores de las élites económicas que se han venido beneficiando de este modelo, en donde la política económica sirve únicamente a los sectores más poderosos", dijo Pino a Sputnik.
"Habrá que esperar a que la carta de intenciones se haga pública, para ver qué tipo de políticas, van a ser el cómo de los objetivos generales", dijo Pino a Sputnik.
Objetivos del fondo
Uno de los objetivos generales que el acuerdo menciona explícitamente es "fortalecer la estabilidad macroeconómica", principalmente por el “desastre financiero” que atraviesa la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE).
"Vale la pena resaltar que el FMI ha sido parte de ese proceso. En los dos últimos acuerdos han hablado de mejorar la ENEE y en ningún momento en sus evaluaciones [dijeron] que esto iba en la dirección contraria. Ahora, continúan en la misma ruta, lo cual le resta credibilidad a esa posibilidad", indicó Pino.
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El otro punto importante en el acuerdo publicado menciona la creación de un espacio en inversión y gasto social, cuando este ha ido disminuyendo en los últimos años, señaló el economista. En tanto, lo que ha aumentado es “el gasto en asistencia social de programas presidencialistas”.
Desmintió también la mención a un “crecimiento económico sostenible e inclusivo”, si bien el propio acuerdo menciona que el crecimiento será menor a lo esperado para el próximo año.
"Finalmente hablan de la transparencia, cuando el mismo FMI sabe que hay más de 11.000 millones de lempiras (477 millones de dólares) en fideicomisos, que no tienen nada de transparentes y que más bien buscan sustraer recursos públicos del presupuesto", sentenció el economista.
Una semana de protestas
Pino se refirió también al clima de tensión social que se vive en Honduras, palpable desde hace dos años, tras las elecciones de 2017. Esta situación tuvo una escalada a finales de abril, con la llegada al Congreso de dos decretos presidenciales para reestructurar las secretarías de salud y educación.
"Esto tiene su origen en una política de Gobierno, reflejada en una ley anterior en el campo de la salud, la ley marco de protección social, que es la búsqueda de privatización de los servicios de salud; buscando que la secretaría quede como un ente regulador y traspasar el servicio a ONGs o al sector privado", sostuvo el economista.
Este fue el nuevo detonante de conflicto en un país que vive con altos niveles de descontento público, debido a las dificultades para cubrir el costo de vida, los altos niveles de desempleo y subempleo, que tocan al 60% de la población en condiciones precarias.
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También "a los resentimientos del fraude electoral y la presentación de forma ilegal, en ese momento, de Juan Orlando Hernández a la reelección" para su cargo en 2017, acotó.
El economista señaló que el presidente Hernández no tiene capacidad de diálogo con los sectores populares del país: "No es capaz de ir a una reunión con maestros o con obreros, con campesinos. Él se mueve entre la élite económica, militar y la cooperación extranjera", dijo.
Asimismo, señaló cómo cada viernes, desde hace dos meses y medio, se realiza una manifestación en Tegucigalpa para exigir su salida.
