"El Ministerio Público [Fiscalía] va a seguir realizando su labor como siempre la ha realizado, con independencia y lo que se solicita [al presidente] es el respeto a la independencia de la administración de justicia", expresó el fiscal del equipo, José Domingo Pérez, en declaraciones al canal local América Televisión.
El fiscal Pérez hizo estas afirmaciones minutos antes de abordar un vuelo a Brasil, en donde interrogará este martes al exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata.

Estas declaraciones surgieron luego del suicidio el 17 de abril pasado del expresidente Alan García (1985-1990, 2006-2011), y de la orden de prisión preventiva por 36 meses dictada el viernes contra el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
García se mató momentos antes de ser detenido preliminarmente por la justicia por presuntos delitos con Odebrecht.
Mientras que Kuczynski, quien permanece en una clínica en Lima por problemas al corazón, es investigado por presunto lavado de activos en el caso de la constructora brasileña.
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Pérez dijo que entiende que lo dicho por Vizcarra "ha sido un comentario desde un punto de vista político, nosotros en el Ministerio Público y quien habla como fiscal trabajamos desde un punto de vista técnico y jurídico, sustentamos los pedidos de prisión preventiva ante un juez".
Los exmandatarios son: Alejandro Toledo (2001-2006), quien está prófugo en EEUU y sobre quien pesa una orden de prisión preventiva de 18 meses dictada en 2017; Ollanta Humala (2011-2016), quien estuvo preso preventivamente en 2017, y Pedro Pablo Kuczynski.
Alan García tenía una orden de prisión preliminar, pero se suicidó antes de que la justicia pudiera detenerlo.
Además, el equipo Lava Jato ha conseguido prisión preventiva de 36 meses para Keiko Fujimori, lideresa del principal partido opositor peruano Fuerza Popular (fujmorista, derecha) por presunto lavado de activos.
Foto: Varios muertos en un accidente de autobús que iba al funeral de Alan García
Las prisiones preliminares y preventivas son medidas de precaución contra los riesgos procesales en el caso de investigados a quienes aún no se les formula una acusación formal.
La primera tiene una duración máxima de 10 días y la segunda de 36 meses.