"En rueda de prensa la asambleísta Cristina Reyes, junto con legisladores de distintas bancadas, presentan los argumentos que sustentan un juicio político en contra de la excanciller María Fernanda Espinosa", indicó la TV legislativa de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) en su cuenta de la red social Twitter.
Reyes del Partido Social Cristiano (centroderecha), enumeró los motivos para reabrir el juicio político a Espinosa, quien se desempeña actualmente como presidenta de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La diputada mencionó "irregularidades en la concesión de la carta de naturalización de Assange, el no implementar acciones en la frontera norte y la falta de atención a los ecuatorianos en Venezuela".
Reyes y otros legisladores habían activado el pedido de juicio político a Espinosa el año pasado, pero este no prosperó.
La asambleísta dijo en entrevista con el medio local Ecuador en Vivo que "han sido 10 meses de bloqueo a un juicio político que cumplía con todos los requisitos del caso".
"Hoy le exijo a la presidenta de la Asamblea que remita este expediente a la comisión de fiscalización para que se le dé inicio al trámite correspondiente", agregó.
En la rueda de prensa, Reyes presentó datos supuestamente de cancillería sobre los gastos de Espinosa que el Estado financia por su cargo en la ONU para el que fue elegida el 5 de junio de 2018.
"Solamente en gastos de vivienda en Nueva York, en el alquiler de un lujoso departamento, se desembolsan 17.000 dólares mensuales, sumando remuneraciones, gastos de representación, etcétera, el país ha pagado en una sola persona medio millón de dólares", dijo la asambleísta.
Los legisladores, dijo Reyes, solicitaron al canciller José Valencia que les remita el expediente en el que declaró como "acto lesivo el acto administrativo de la concesión de la naturalización de Assange".
Assange estuvo asilado en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012 hasta el 11 de abril, cuando Quito le revocó el asilo y le suspendió la ciudadanía, habilitando su detención por parte de la policía británica.
Espinosa había argumentado en enero de 2018 que la naturalización de Assange se fundamentó en diversas normas, entre ellas, el artículo 41 de la Constitución ecuatoriana, el artículo 78 de la ley orgánica de movilidad humana y en la Convención de Ginebra.
Pero el 2 de abril, el presidente Moreno consideró que fue un error otorgar la ciudadanía a Assange.
"Lastimosamente, entiendo no con mala intención, pero desacertadamente Relaciones Exteriores lo convirtió en un ciudadano ecuatoriano e intentó darle su categoría de diplomático, creo que es un desacierto, pero asumo también la responsabilidad porque yo le pedí a la ministra [María Fernanda Espinosa] que solucione el problema", argumentó Moreno.
Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar una extradición a Suecia que lo requería por presuntos delitos sexuales, una causa archivada en 2017.
Pero Londres mantuvo activa la orden de captura porque Assange tenía un proceso pendiente por violar las condiciones de su libertad cautelar en 2012.
El Gobierno de Ecuador alegó que la revocación del asilo obedecía, entre otras razones, al incumplimiento de un protocolo de conducta que le impuso a Assange el año pasado y que le prohibía hacer declaraciones políticas.
Assange se encuentra detenido en el Reino Unido.
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El Departamento de Justicia de EEUU divulgó la semana pasada una imputación contra Assange por conspiración para realizar actividades informáticas disruptivas que se pena con cinco años de prisión.