A pesar de que no es un término legal y varía en la práctica de acuerdo con la jurisdicción, en general son localidades ubicadas en Estados Unidos con políticas más amigables hacia los inmigrantes indocumentados. Estas ciudades suelen limitar su colaboración con las autoridades federales de inmigración.
Esta política tiene como objetivo reducir el miedo a la deportación y una posible ruptura de la familia entre los indocumentados, para que sean más proclives a reportar crímenes, usar los servicios sociales y de salud, así como inscribir a sus hijos en las escuelas.
De acuerdo con un estudio llevado a cabo por la Federación para la Reforma de Inmigración de EEUU en 2018, actualmente hay 564 jurisdicciones, entre estados y municipalidades, que han adoptado esta política.
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El estado de California, Illinois y Nueva York son santuarios, así como grandes ciudades como Miami, Los Ángeles, Seattle, San Diego, Austin, Boston, Houston, Chicago, San Francisco o Denver. De acuerdo con The Washington Times, la lista de los santuarios representa el 49% de la población del país.
Durante su campaña presidencial, el entonces candidato Donald Trump prometió acabar con las ciudades santuario: "Las que se opongan a colaborar con las autoridades federales no recibirán más dinero de los impuestos".
Sin embargo, Trump publicó el 13 de abril que "EEUU tiene el derecho legal de detener a los inmigrantes ilegales transferidos a las ciudades santuario".
Este comentario y las posteriores declaraciones de Sarah Huckabee Sanders recibieron una ola de críticas.
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Así, el demócrata Jerry Nadler, representante de Nueva York en la Cámara de Representantes, señaló que "el presidente no tiene derecho de usar a los inmigrantes o a las personas que están solicitando asilo como peones en su pelea contra los oponentes políticos".
Es así cómo la lucha de Trump contra los indocumentados parece no solo incluir la construcción de muros, sino también combatir a estas 'ciudades santuario'.