Por un lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció su disposición a entablar una controversia constitucional por la designación del militar. En el otro extremo, la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) manifestó su sorpresa por el "incumplimiento de la promesa" hecha, que sostenía que el nuevo cuerpo represivo tendría un mando civil.
Después de varias modificaciones al proyecto original elaborado por la Presidencia para la creación de la Guardia Nacional —que generó muchísima controversia— el Senado mexicano la aprobó el 21 de febrero de este año, con dos elementos claves que satisficieron a las voces críticas: que la nueva Guardia tendrá un "carácter civil" y que estará institucionalmente adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública.
Sin embargo, la conmoción surgió desde que López Obrador anunció que el mando será ejercido por un militar en actividad, y, luego, cuando confirmó que el puesto estará a cargo del general Luis Rodríguez Bucio.
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Originario de Michoacán, Rodríguez Bucio tiene una nutrida carrera militar, de la que se destaca su participación como Coordinador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) entre 1994 y 2000. También su trabajo en operativos de erradicación de plantas de marihuana en Sinaloa, Durango y Chihuahua, una zona llamada el 'Triángulo Dorado'.
Según reveló el periodista especializado Juan Veledíaz, el General Rodríguez Bucio fue entrenado en la Escuela para las Américas, el mismo sitio donde se entrenó a los castrenses que torturaron y desaparecieron a miles de personas durante los terrorismos de Estado del Cono Sur de América.
"La Reforma es muy clara, el artículo 21 constitucional dice que la Guardia Nacional es una institución de carácter civil, por lo cual no cabe tener a militares en activo, porque eso rompe su naturaleza", afirmó José Guevara a Sputnik.
Falta de credibilidad
Para Guevara, el nombramiento significa un retroceso en una ya lastimada confianza de la ciudadanía en las instituciones de procuración de justicia e investigación de delitos en México, La Guardia tendrá en sus manos esa tarea, que hoy realizan las policías judiciales.
"Si el Gobierno de López Obrador vuelve a la Guardia Nacional una entidad militar, le va a generar muchos problemas de credibilidad. Pero sobre todo de confianza", señaló la fuente.
"Sería un error político de enormes dimensiones incluir militares en la Guardia Nacional porque le va a generar mucha desconfianza a las víctimas y a la ciudadanía sobre su falta de independencia y neutralidad para investigar delitos", insistió.
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Sputnik se comunicó con Guadalupe Aguilar, madre de José Luis Arana Aguilar, desaparecido desde el 17 de enero de 2011, fundadora del colectivo 'Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco' (Fundej), quien conoció directamente a Rodríguez Bucio.
"Tengo muy mala impresión de él, porque cuando desaparece mi hijo en 2011 y [el entonces presidente] Felipe Calderón viene a dar su informe de actividades de ese año a Jalisco, me presenta al general Bucio y le encarga mi caso, posteriormente me dice que le dé mi teléfono", relató Aguilar a este medio.
"Yo sentía que iba caminando entre nubes. ¡Imagínate que hablas con la máxima autoridad del país y te promete que lo van a encontrar! Me marcó el general, pero al cabo de un mes cuando quise volver a comunicarme, el teléfono ya no existía. Jamás pude hablar con Calderón, ni con Bucio ni con generales de nada. Nunca me dieron una respuesta, imagínate la impresión que tengo de ese señor", explicó en entrevista.
"Estoy anonadada con estas elecciones del presidente. Estos ocho años de búsqueda me han transformado al igual que a todas las compañeras. Se transformó totalmente nuestra vida. Ya pasamos dos sexenios muy desafortunados y no vamos a permitir de ninguna manera que haya simulación y mucho menos engaño", concluyó Aguilar.