Luego de la detención de Julian Assange, el Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió los cargos en su contra: "conspiración criminal para infiltrarse en sistemas del Gobierno y ayudar al entonces soldado Chelsea Manning a hackear computadoras con información clasificada en 2010".
Assange podría recibir hasta cinco años de cárcel, aunque las autoridades judiciales indican que "las actuales sentencias por crímenes federales suelen ser inferiores a la pena máxima".
Sputnik dialogó sobre este tema con Pedro Brieger, periodista, sociólogo argentino y analista en política internacional.
"En varias oportunidades se planteó la posibilidad que el Gobierno ecuatoriano —especialmente el de Lenín Moreno- negociara, o con el Reino Unido o con Estados Unidos, retirarle el asilo a Assange", dijo.
El experto reconoció una "trama jurídica compleja" en el caso.
"El comunicado de la Policía de Londres es claro. Se lo detuvo por un pedido explícito de Estados Unidos al Reino Unido, uno de sus aliados más firmes", señaló.
Brieger, quien entrevistó en 2013 a Assange en Londres, opinó sobre la vida del australiano en la sede diplomática.
"Me parece difícil creer que Ecuador no supiera del pedido de Estados Unidos. No se trata solamente de la inconducta de Assange en el edificio durante siete años, ya que no podía estar en todo el lugar y estaba perfectamente custodiado", manifestó.
Tras la detención de Assange, el expresidente Rafael Correa acusó a su sucesor como "el traidor más grande de la historia ecuatoriana y latinoamericana".
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Brieger explicó las diferencias entre Correa y Moreno sobre el asilo a Assange: "Rafael Correa insiste con la palabra 'traición' porque Moreno fue su vicepresidente y el cambio de rumbo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el pedido de detención del propio Correa (actualmente vive en Bruselas) y otras medidas están en las antípodas de lo que fue su Gobierno".
El fallo añade que las firmas deberán diseñar un plan de contingencia económica y social que compense la reducción en los ingresos de los repartidores. En las últimas horas se supo que el gobierno porteño apelará el fallo de la justicia.
'En Órbita' dialogó con Maximiliano Arranz, secretario adjunto de la Asociación Sindical de Motociclistas mensajeros y servicios de Buenos Aires. Se refirió al principal reclamo de los trabajadores a las empresas, que niegan que su trabajo implique una relación de dependencia laboral.
A pesar de los problemas económicos, el Partido Popular tiene grandes chances de repetir el triunfo.
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