Actualmente, los Gobiernos de Colombia, Chile, Perú y Ecuador continúan afrontando tareas de desminado en algunas zonas de sus territorios, en el marco de las tareas de cumplimiento del Tratado de Ottawa, firmado el 3 de diciembre de 1997 por más de 100 países con la intención de acordar acciones concretas para eliminar los campos minados en el mundo.
Colombia, por ejemplo, recogió el texto del tratado en una ley aprobada en 2002 en la que se obligaba a "destruir o asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal" y conformó una Comisión Intersectorial Nacional para la Acción Contra Minas Antipersonal.
Las primeras acciones de desminado en Colombia comenzaron en 2004 y, de acuerdo a datos oficiales cerrados en febrero de 2019, en ese período se logró la destrucción de 3.562 minas personales. La tarea permitió despejar más de 158 mil metros cuadrados en 19 departamentos del país.
En la actualidad, Colombia ya declaró a 322 de sus municipios como 'sin sospecha de minas', mientras otros 187 se mantienen bajo intervención.
La CCCM no se detiene. Nuevo hallazgo de una granada en la vereda Puerto Príncipe, por parte del equipo ENT 8. Pequeños hallazgos, grandes triunfos para el país.#ColombiaSinMinas #YoTambienTuve20Años pic.twitter.com/zOcvPWnyMW
— Campaña Colombiana Contra Minas (@COL_SIN_MINAS) 2 de abril de 2019
Las estadísticas colombianas ya llevan registradas 11.718 víctimas de las minas antipersonales. De acuerdo a la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, 2006 fue el año con mayor número de víctimas, alcanzando las 1.228.
En Chile, en tanto, las autoridades lograron destruir 166.510 de las 181.814 minas terrestres sembradas en el país, es decir, un 91,58% del total.
En 2018, las tareas abarcaron las regiones de Arica y Paricanota, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Magallanes y la Antártica Chilena y la región metropolitana. De las 194 areas minadas identificadas durante el año, solamente quedaron 22 por despejar.
La existencia de campos minados en las fronteras de Chile con Argentina, Bolivia y Perú data de la dictadura de Augusto Pinochet, cuando el Gobierno de facto entendió necesario reforzar su defensa con cientos de miles de minas antipersonales adquiridas en ese entonces a EEUU y Bélgica.
Perú y Ecuador también deben atender los campos minados como consecuencia de acciones del pasado. En efecto, el conflicto fronterizo desatado entre ambos países en 1995 provocó la siembra de cerca de 41.000 minas antipersonales en la frontera.
Autoridades de ambos países se reunieron en febrero de 2019 para continuar con el trabajo conjunto que realizan desde que finalizó el conflicto, en 1998. En el último encuentro, los dos Gobiernos informaron que durante 2018 se logró la destrucción de 188 minas antipersonales y el despeje de 5.056 metros cuadrados en la zona de Tiwinza, en el este ecuatoriano.
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La Guerra de las Malvinas también dejó campos minados en el Atlántico Sur. Se estima que hay que hay entre 25.000 y 30.000 dispositivos, entre minas personales y antitanques, colocadas por las tropas argentinas en el comienzo de la guerra.
A partir de la firma del tratado de Ottawa, Argentina se ofreció a encargarse de la desactivación de las minas en la isla, a comienzos de los años 2000. Sin embargo, la diplomacia británica entendió que la participación de Argentina en la tarea ayudaría a su reclamo de la soberanía de las islas, por lo que rechazó el ofrecimiento.
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Finalmente, el Gobierno británico comenzó las tareas de desminado en 2009, con plazo para culminarlas en 2021.
En 2009, y durante la Conferencia de Revisión de la Convención de Ottawa, se anunció que Centroamérica ya se encontraba 'libre de minas'. Honduras, El Salvador y Nicaragua habían sido los países más afectados por la colocación de los dispositivos, pero lograron cumplir rápidamente con los objetivos marcados por el acuerdo internacional.
