Los participantes en la Mesa de Negociación anunciaron el pasado 28 de marzo, fecha límite fijada en una Hoja de Ruta inicial, la continuidad de las pláticas hasta este 3 de abril, con el acompañamiento del Vaticano y la Organización de Estados Americanos (OEA).
"Nuestro Gobierno va a cumplir con los puntos que se han acordado, con los temas que ya han sido firmados y los temas que vayamos acordando en esta mesa", aseguró el 2 de abril el canciller de la República, Denis Moncada, uno de los interlocutores del Sandinismo.
En declaraciones publicadas por la web gubernamental 19Digital, el jefe de la diplomacia nicaragüense confirmó el cumplimiento de la agenda aprobada, y la presencia permanente y puntual del Gobierno en todas las sesiones de diálogo, con sede en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas.
La Alianza pidió al nuncio apostólico Waldemar Sommerstag y al enviado especial de la OEA, Luis Ángel Rosadillo, que cumplieran su rol como testigos internacionales del proceso y exigieran al Estado "muestras concretas de su voluntad política" mediante el cumplimiento de los compromisos asumidos.
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Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, reiteró en su tradicional mensaje a la nación por el Canal 4 la disposición del Gobierno de "cumplir todos los acuerdos que se han firmado en la mesa de negociación".
Según el pronunciamiento, los protagonistas de dichos actos se dedican a "insultar, atemorizar, escandalizar y agredir físicamente a quienes visitan" dicho espacio, en "un intento de replicar los trágicos sucesos que vivimos el año pasado".
A su vez, la Alianza Cívica acusó en una nota al Gobierno de violar el acuerdo suscrito el pasado 29 de marzo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas, respetando la reunión pacífica.
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Según la Alianza, la Policía asedió, reprimió y apresó el pasado sábado a ciudadanos que realizaban "una reunión pacífica" en Metrocentro, y acusaron a un militante del Sandinismo de abrir fuego.
Además, entre los resultados de las conversaciones destacó la búsqueda de mecanismos para fortalecer las instituciones electorales y afianzar las garantías constitucionales.
Nicaragua vive una crisis política y social desde mediados de abril pasado, cuando una reforma al sistema del Seguro Social desató violentas protestas contra la administración del presidente Daniel Ortega, acompañadas por actos que el Gobierno tildó de "terroristas".
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Entonces fue convocado un diálogo nacional auspiciado por la Iglesia Católica, que suspendió las conversaciones en junio pasado, en medio de acusaciones y falta de consenso entre ambas partes.
