Sin embargo, tal y como señala a Sputnik la abogada venezolana y Magíster en Derecho Público y Derechos Fundamentales, Ana Cristina Bracho, "lo que hoy anunció el Contralor General, Elvis Amoroso, es el resultado de una investigación que había sido abierta y anunciada el 11 de febrero y se corresponde con la responsabilidad administrativa que tienen todos los funcionarios públicos".
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Quien actúa, según la abogada, "es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales; y su régimen es constitucional según el artículo 287 en adelante".
Guaidó fue inhabilitado por "inconsistencia en los bienes indicados en su declaración jurada de patrimonio y los ingresos que le ha correspondido percibir como diputado a la Asamblea Nacional" y por "los gastos exagerados y excesivos en su modo de vida", que no corresponden con "el que puede financiar un funcionario diputado", dice el fallo.
Guaidó no tendría inmunidad parlamentaria para ser investigado puesto que "hay un régimen constitucional claramente establecido en el que se determina como una incompatibilidad que los diputados reciban honores o privilegios de gobiernos extranjeros".
Amoroso señaló que se presume que Guaidó "ocultó o falseó" datos de su declaración jurada de patrimonio ya que no ha ofrecido información al respecto. Según el Contralor, habría incurrido en gastos de boletos aéreos nacionales e internacionales (en total 91 viajes) así como de hoteles dentro y fuera de Venezuela. En total habría gastado 570 millones de bolívares sin justificar (179.000 dólares).
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Para el politólogo, esta decisión se da en un escenario muy tenso donde el autoproclamado presidente encargado intenta imponer un relato desconocido por el resto de instituciones venezolanas que están en funcionamiento y que reconocen a Nicolás Maduro como presidente.
"Eso podría tener consecuencias inmediatas en la acumulación de delitos para Guaidó", continúa Sgarzini, "en un contexto en el que se está jugando el todo por el todo".
Para el analista de Misión Verdad, la inhabilitación de Guaidó podría ser utilizada como elemento de negociación en un posible escenario de diálogo entre las partes, ya que ante un posible contexto electoral, el líder de Voluntad Popular no podría presentarse como candidato.
La inhabilitación política de Juan Guaidó por 15 años (el máximo permitido en Venezuela) llegaría además cuando "su poder se está mermando", señala Sgarzini, "y está pidiendo a sus seguidores que aprovechen los apagones para protestar y ejercer una presión máxima en la calle ante lo que ha denominado como 'Operación Libertad'".
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El "simulacro" convocado para el 6 de abril sería "su tercer día 'D' y si no lo consigue quedaría sensiblemente debilitado y con una capacidad política muy menguada, lo que permitiría que se le aplique la ley más fácilmente", agrega.
Por su parte, el líder opositor se enteró de la noticia mientras participaba en un acto en el Colegio de Ingenieros de Caracas e hizo pocas referencias a su inhabilitación en el discurso, asegurando que "el supuesto Contralor no existe, la Constituyente no existe y nada de eso existe".
El Ministerio Público venezolano ya ha abierto dos investigaciones al diputado del partido Voluntad Popular y sobre él pesan además medidas cautelares, entre las que se encuentran la congelación de bienes en sus cuentas y la prohibición de salida del país que fue incumplida el pasado 23 de febrero cuando cruzó a Colombia para tratar de ingresar ilegalmente ayuda humanitaria al país.
