"Las mujeres, teniendo la voluntad de que todo lo que les ha pasado sea conocido, han renunciado a su derecho a la reserva y han logrado que la justicia determine que las audiencias del juicio oral sean públicas", dijo Silva, abogada de la organización no gubernamental Demus, que patrocina a las denunciantes.
"Con esto hemos logrado preservar la identidad (de las víctimas), lo que también incluye la confidencialidad de sus datos actuales para que nadie pueda acercarse a ellas o interrumpir el transcurso normal de sus vidas", precisó la abogada.
El proceso se basa en la denuncia de nueve campesinas de las comunidades de Manta y Vilca, en la región de Huancavelica (sur), sobre violaciones reiteradas cometidas entre 1984 y 1991 por soldados entonces destacados en esa zona para combatir al grupo maoísta Sendero Luminoso.
La acusación fiscal sostiene que algunas de las víctimas eran menores de edad cuando fueron violadas por los militares.
El juicio del caso Manta y Vilca comenzó en 2016, pero fue suspendido por la Suprema Corte de Justicia luego de que la jueza a cargo, Elizabeth Pérez, fuera recusada por la defensa de las campesinas por estar involucrada en casos de corrupción.
Temas relacionados: Comisarios de Perú que no atiendan denuncias de violencia contra mujeres serán destituidos
En una audiencia previa, celebrada el 14 de marzo, la defensa de las víctimas exigió la publicidad del juicio.
El caso Manta y Vilca es emblemático de la violencia que sufrieron muchas mujeres de los pueblos andinos a manos de agentes de las Fuerzas Armadas durante la etapa de la violencia política.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) expuso en 2003 este tipo de delitos con 35 denuncias de violaciones cometidas entre 1985 y 1994.
Al año siguiente, en 2004, se presentó una denuncia ante la fiscalía de Huancavelica, que investigó durante cuatro años y elevó el caso a la justicia en 2009.
En 2014 terminó la etapa de instrucción en el ámbito judicial y la acusación fiscal fue introducida en 2015.
El Registro Único de Víctimas del Consejo de Reparaciones del Ministerio de Justicia indica que 4.567 personas sufrieron violaciones sexuales durante el conflicto interno que se desarrolló entre 1980 y 2000.