"Dos años después de la firma del Acuerdo de Paz, aliento al Gobierno a implementar la JEP de una manera integral", dijo Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la ciudad suiza de Ginebra, donde presentó una serie de informes sobre varios países, según se observó en una transmisión vía streaming.
Duque indicó que las objeciones buscan que el Congreso evalúe los seis artículos objetados por el Gobierno, de modo tal que el país cuente con una paz que garantice de manera genuina la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición del conflicto armado.
Sin embargo, varios sectores sociales y políticos sostienen que el Gobierno busca dilatar y entorpecer la implementación del Acuerdo de Paz firmado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en noviembre de 2016 y restarle competencias al tribunal de paz.
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La JEP fue creada en el marco de los diálogos de paz de La Habana para juzgar a excombatientes, militares y terceros que financiaron el conflicto.
Por este motivo se entiende que su paso por el Congreso retrasará aún más su implementación, pese a que la Corte Constitucional ya le dio su aval en 2018.
Por otra parte, Bachelet señaló que al pasado 8 de marzo su oficina recibió información según la cual 27 líderes sociales han sido asesinados en Colombia en lo que va de 2019, y que en 2018 la cifra total fue de 110 casos, de los cuales la cuarta parte correspondió a indígenas y afrocolombianos.
"La mayoría de estos asesinatos ocurrieron en zonas rurales donde la influencia de las FARC (hoy convertida en partido político de izquierda) era fuerte y la presencia del Estado sigue siendo débil, sobre todo en sanidad, educación y otros servicios fundamentales", dijo.
Según un informe reciente presentado por la ONU en Bogotá, el 40% de los asesinatos fueron cometidos por disidentes del paramilitarismo, seguidos por individuos no afiliados a ningún grupo criminal (18%), personas por determinar (17%), la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (8%o), disidentes de las FARC (8%), la Fuerza Pública (5%) y por integrantes del grupo armado Ejército Popular de Liberación (4%).
