“Ayer (27 de febrero) por primera vez se ha culminado el proceso de parte de los taurinos de unirnos en una asociación (…) ante el peligro de la iniciativa que busca acabar con las corridas de toros mediante una acción de inconstitucionalidad interpuesta ante el Tribunal Constitucional”, dijo Pérez.
La creación de esta asociación con personería jurídica apunta a la “defensa de lo que es parte de la cultura nacional, las costumbres y un componente muy fuerte de las tradiciones de los pueblos de interior del Perú, particularmente los andinos”, agregó.
El Tribunal Constitucional admitió en octubre una demanda presentada por la ciudadana y activista por los animales María Eguiluz Jiménez, en representación de 5.286 personas.
La demanda busca que se declare inconstitucional la excepción complementaria de la Ley de Protección y Bienestar Animal promulgada en 2016, que dejó fuera de los alcances de la norma “las corridas de toros, peleas de toros, peleas de gallos y demás espectáculos declarados de carácter cultural”.
El primer artículo de la ley de bienestar animal indica que “el Estado establece las condiciones necesarias para brindar protección a las especies de animales vertebrados domésticos o silvestres”.
El presidente de la ACTP sostuvo que la ley “está hecha para proteger animales domésticos y silvestres, lo especifica claramente, y ni un toro de lidia ni un gallo de pelea son animales domésticos ni silvestres, por lo que es un absurdo lo que se está pidiendo”.
El Tribunal Constitucional entendió la causa presentada por Eguiluz contra el Congreso de Perú, redactor de la ley, el 25 de enero.
Según lo expuesto por la defensa de Eguiluz, las corridas de toros, peleas de gallos y peleas de toros representan actividades de crueldad animal y promueven comportamientos violentos en quienes las practican o gustan de ellas.
“La Unión de Galleros del Perú y la Asociación de Criadores, Propietarios y Aficionados de Toros de Pelea de Arequipa tuvieron representatividad en la vista de la causa, pero lamentablemente los taurinos hemos estado sin representatividad”, explicó Pérez.
Para subsanar esta falta de representatividad, un grupo de aficionados, presididos por el torero peruano Andrés Roca Rey, solicitó al tribunal que se admita un amicus curiae (expresión latina que se refiere a una presentación que realiza una tercera parte, ajena a un litigio) que ayude a despejar dudas expresadas por los magistrados Carlos Ramos y Marianella Ledesma durante la vista de la causa.
Aquella sentencia indicaba que “no puede señalarse apriorísticamente que los espectáculos taurinos son, sin más, una simple y pura exhibición de tortura, tratos crueles y muerte de un animal”.
Se espera que el Tribunal Constitucional falle en este caso entre marzo y abril.
Se necesitan cinco votos, de los siete magistrados de la corte, para que progrese la iniciativa prohibicionista.
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En Perú, las corridas de toros cuentan con cerca de 450 años de historia.
La plaza de toros de Acho, en Lima, tiene 253 años y es la más antigua de América.
