"La versión adoptada por el Senado representa un avance positivo que elimina algunos de los principales puntos de preocupación y retoma varias de las recomendaciones formuladas por la Oficina y otros actores relevantes", expresó representante en México de la ONU-DH.
Gracias a la apertura del Congreso, diversos actores tuvieron la oportunidad de expresar sus puntos de vista, y el Senado celebró la semana pasada un "Parlamento Abierto" sobre la materia.
Pero las observaciones críticas de defensores de derechos humanos nacionales e internacionales sobre el rol de los militares no fueron consideradas por la Cámara de Diputados, que ya había dado media sanción al proyecto de reforma, sin cambios a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda).
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Jarab participó en la búsqueda de "promover de manera constructiva alternativas de solución", y una crucial negociación ocurrió a mitad de esta semana en el Senado, para lograr un absoluto consenso de todos los partidos políticos.
"El hecho de que las y los integrantes del Senado hayan materializado un consenso que hace días parecía inalcanzable en un tema tan sensible y relevante para el pueblo de México es en sí mismo digno de reconocimiento", dijo el representante de la ONU DDHH, que tiene una oficina permanente en este país desde el año 2001.
Entre las mejoras destacó "el giro desde un diseño predominantemente de corte militar hacia otro de carácter civil en la naciente corporación de seguridad".
Una las claves de la reforma está en "el estricto apego a los derechos humanos, preservando el carácter civil de las corporaciones de seguridad", indicó.
Si se implementa correctamente la reforma, "se iniciaría un camino para superar el paradigma militar en la seguridad pública en México y retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de tareas que le son impropias", concluyó el representante del organismo internacional.
El plazo para ese retiro gradual de los militares y consumación de la creación de la Guardia Nacional con 50.000 efectivos con policías militres, navales y federales, se fijó en 2023, un año antes del fin del sexenio de López Obrador.
Enmiendas del Senado al texto de los diputados
Al relegar los componentes militares solo a los artículos "transitorios", fuera del texto constitucional, se "atenúan significativamente los riesgos de la propuesta original", prosigue el especialista.
El texto aprobado por el Senado respeta el carácter "excepcional, restringido y limitado" de la jurisdicción militar, al no modificar al artículo 13 de la Constitución, que prohíbe su funciones en materia de seguridad pública, añadió.
Los senadores no solo eliminaron esos elementos, sino que la nueva versión, votada por 127 de los 128 integrantes de la Cámara Alta, con la ausencia de una senadora enferma, contiene "dos avances significativos", comparada con el texto adoptado por la Cámara de Diputados el 17 de enero pasado.
Se trata de dos marcos normativos "sobre uso de la fuerza y registro de personas detenidas", recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos que los diputados habían ignorado, y los senadores incorporaron.
"La voluntad de diálogo y la disposición de construir colectivamente y en pluralidad son métodos propios de toda sociedad madura, que aspira a procesar sus diferencias de forma reflexiva por la vía democrática", celebró Jarab sobre la democracia mexicana.
El texto modificado de la reforma debe regresar ahora a la Cámara Baja, para después ser enviado a los 32 congresos de los estados de la federación mexicana, donde al menos dos tercios lo deben aprobar, para poder ser finalmente promulgada por el presidente López Obrador.
