"El consenso fue hacer un referéndum como una forma de compromiso institucional, fue un acto más dentro de la legislatura, nunca fue un acto concluyente, y menos para la independencia", dijo Bassa este miércoles, durante la quinta jornada del juicio a los líderes independentistas catalanes en el Tribunal Supremo.
Según su versión, los hechos de octubre de 2017, con la convocatoria del referéndum y la posterior adopción de una declaración de independencia en el Parlamento de Cataluña, no buscaban la ruptura unilateral con España sino el inicio de un proceso de negociación con Madrid sobre el modelo territorial.
"Nunca la independencia se pretendía lograr después de una insurrección o después de un referéndum, y la prueba es que estamos aquí y que no hay independencia", afirmó.
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En cuanto al valor de la declaración de independencia, Bassa recordó que las referencias a la independencia figuraban solo "en la parte declarativa de la resolución" por lo que el texto reflejaba "voluntades políticas" pero no las llevaba a efecto.
En un sentido similar se manifestó Josep Rull, exconsejero de Territorio del Gobierno catalán que este miércoles también declaró ante el Supremo.
En opinión de Rull, que afronta las mismas acusaciones que Bassa, la declaración de independencia fue meramente "una declaración de voluntad política".
De hecho, afirmó que el Gobierno catalán no disponía de un plan para hacer efectiva la independencia pese a la adopción de dicha declaración por parte del Parlamento.
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En cuanto a la malversación, los exintegrantes del Gobierno catalán reiteraron que "no se destinó un solo euro de dinero público" a la consulta, aunque no precisaron a las preguntas del Fiscal sobre quién corrió con los gastos logísticos.
Además de Bassa y Rull el mismo miércoles declaró ante el tribunal el exconsejero catalán de Justicia Carles Mundó, acusado por delitos de malversación y desobediencia, pero no por rebelión.
En su interrogatorio, Mundó también negó los cargos y, además de replicar las respuestas de sus compañeros sobre las acusaciones de malversación, explicó que a su modo de ver no hubo desobediencia a los tribunales españoles porque, aunque se mantuvo la convocatoria, el Gobierno catalán se desvinculó de los preparativos una vez recibidas las advertencias del Tribunal Constitucional al respecto.
