"La Iglesia no se opone a la exhumación de los restos mortales del general Franco, si la Autoridad competente así lo dispone", señala en una misiva el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin.
"A la comunidad benedictina de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos fue recordado y se seguirá recordando su deber cívico de observar plenamente el ordenamiento y de respetar a las Autoridades civiles", señala la carta, que fue remitida a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
La Iglesia española en un primer momento respetó la decisión del Gobierno socialista, pero después cambió de posición y mostró su apoyo al prior del Valle de los Caídos, alegando que la familia del dictador no estaba de acuerdo con la exhumación y que "la Iglesia no puede tomar partido".
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"Llegamos a la culminación de un expediente histórico, algo a lo que se había comprometido el presidente Sánchez", dijo en rueda de prensa la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
De esta manera, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ultima los trámites para tratar de exhumar a Franco antes de las elecciones del 28 de abril, dando así cumplimiento a una de sus principales promesas desde su llegada al poder en verano de 2018.
Desde ese momento, la presencia de los restos de Franco en la Basílica del Valle de los Caídos –donde fue enterrado con honores en 1975– se situó fuera de la ley, por lo que el Gobierno inició una serie de trámites administrativos para proceder a su exhumación.
Por el momento, el Gobierno no dispone de un cronograma concreto sobre cuándo se realizará la exhumación, ya que los siguientes pasos están condicionados a la respuesta de la familia.
La familia de Franco tendrá libertad para elegir el lugar de inhumación, aunque el Gobierno vigilará que estos cumplan con criterios "de orden público" y de "cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica".
