En el banquillo de los acusados estarán sentados el exvicepresidente de la Generalitat (Gobierno autonómico de Cataluña), Oriol Junqueras, y la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcarell. Ambos, y otros siete, se encuentran en prisión preventiva desde hace más de un año, concretamente desde el 2 de noviembre de 2017, y fueron trasladados recientemente desde las cárceles catalanas donde estaban hasta Madrid, sede del Tribunal Supremo.
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Los acusados, que serán los primeros en ser interrogados por los magistrados, podrían ser condenados a penas entre 7 y 25 años de cárcel por los delitos de rebelión, secesión, malversación de fondos públicos y desobediencia. Los cargos se refieren a la convocatoria de un referéndum inconstitucional celebrado en Cataluña el 1 de octubre de 2017 y a la posterior declaración de independencia unilateral realizada el 27 de octubre por el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Para los independentistas catalanes, se trata de una persecución a su ideología y un juicio político contra el derecho a decidir en las urnas. Para una buena parte de los españoles, sin embargo, se trata del justo castigo a una conspiración que intentó romper el país con premeditación, violando la Constitución e ignorando las instrucciones del Tribunal Constitucional.
'Procés' catalán: ¿imaginario colectivo o realidad latente?https://t.co/tsfVc0xpvr
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 29, 2018
Fuentes de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) han reconocido que la sala del Tribunal Supremo se convertirá en una "plataforma política", donde aparecerán posiblemente estrategias de defensa diferentes. Esta formación política de izquierdas, capitaneada por Junqueras, hace gala de pragmatismo, pero no renuncia a un referéndum de autodeterminación. ERC admite diferencias estratégicas y tácticas con su socio gubernamental, el Partido Democrático Europeo de Cataluña (PDeCat), de centro derecha, sucesor de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). Todo eso complica sus movimientos.
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Puigdemont y los otros fugados han presentado una demanda ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por "vulneración" de derechos. Otros políticos perseguidos, como Marta Rovira, de ERC, han subrayado que el juicio "determinará los límites de la democracia española".
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En este contexto, Amnistía Internacional (AI) ha pedido que dos de los acusados, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, sean liberados, porque "como ciudadanos particulares y presidentes de organizaciones de la sociedad civil en el momento de los hechos" que se van a juzgar, "tenían derecho a organizar y promover reuniones pacíficas en apoyo al referéndum y a la independencia de Cataluña". Sin embargo, Amnistía —y esto es muy importante— no ha apoyado la denuncia de que todos los procesados sean considerados "presos políticos", como defiende a capa y espada la Generalitat, presidida por el separatista convencido Quim Torra.
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El proceso judicial atraerá la atención de la comunidad internacional, mayormente la de la Unión Europa, incómoda por la inestabilidad política generada en España. El tribunal ha recibido 600 peticiones de acreditación de periodistas, de un total de 150 medios de comunicación. La expectación es máxima.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK