"Con ese comunicado de Lenín, todos [los venezolanos] somos asesinos —dijo a Sputnik Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil de Venezolanos en Ecuador—. Es triste. Realmente generó un clima mucho más tenso del que había anteriormente".
El lunes 21 el vicepresidente Otto Sonnenholzner anunció que a partir de ese día se empezaría a pedir la presentación de antecedentes judiciales a los ciudadanos venezolanos que quisieran ingresar a su territorio, trámite que tarda al menos seis meses en Venezuela.
Los anuncios se realizaron después de que en Ibarra, provincia de Imbabura, una joven ecuatoriana de 22 años embarazada fuera asesinada a puñaladas por un venezolano que había sido su pareja, el sábado 19. El femicidio ocurrió en la calle, ante la mirada de policías que durante los 90 minutos que la mujer fue tomada como rehén por el agresor no actuaron para salvarle la vida.
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"Les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie", escribió Moreno en la red social.
Sin embargo, "la gran mayoría de los venezolanos que llegan piden a gritos trabajar", aseguró. "Definitivamente el juego de las redes, la xenofobia, los trolls de las redes, se han encargado de manchar mucho la imagen del venezolano de bien, que es la mayoría que trata de establecerse de mejor forma en el país", agregó.
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En ese contexto, Regalado concluyó que Moreno legitimó el maltrato hacia los migrantes venezolanos que se encuentran en Ecuador.
"Prácticamente les dio herramientas, más razones, para maltratar a las personas […]. Se ha generado un caldo de cultivo de xenofobia, maltrato, mala cara, mala contesta y hasta despido de trabajadores, tengan o no tengan visa establecida", contó. "Personas que estaban arrendando han sido desalojadas de sus hogares por el temor de que sean asesinos", señaló.
Luego de las declaraciones que realizaron los gobernadores, cientos de ibarreños persiguieron y agredieron a venezolanos. Los desalojaron de albergues, hostales y casas alquiladas. La situación fue controlada por efectivos militares, pero obligó a que decenas de migrantes emprendieran improvisadas caminatas por las vías de salida de la ciudad.
Por su parte, el canciller venezolano Jorge Arreaza condenó el lunes la violencia contra sus compatriotas, que calificó como un hecho "sistemático y generalizado" y exigió a Ecuador a asumir la responsabilidad por lo ocurrido.
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El canciller ecuatoriano José Valencia dijo el martes que perseguirá severamente los brotes xenófobos en contra de los venezolanos. El canciller añadió que unos 240.000 venezolanos viven en el país, de los cuales casi 100.000 tienen visa y documentos en regla, están trabajando y que el Estado requiere alrededor de 800 millones de dólares para atenderlos en áreas como educación y salud, entre otras, de acuerdo con estimaciones preliminares.
Desde mediados de 2017 el perfil cambió: quienes deciden migrar están llegando a Ecuador en una situación "muy precaria, sin dinero, caminando, sin documentos". "En este momento ya vienen familias completas, hermanos, primos, mamás, niños, niñas, adolescentes, abuelas, en situación más que todo precaria a nivel de salud e información", resumió.
