En una nutrida recomendación de 165 páginas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos conminó a las autoridades públicas responsables —así como a distintas universidades y sociedad civil- a dar un vuelco en el manejo de las sustancias peligrosas que se utilizan para la producción agrícola en el país.
"Corroboran que hay una serie de violaciones cometidas por las autoridades federales por actos y omisiones que perjudican a la población mexicana, por el uso y mal manejo de los plaguicidas", dijo Colin en diálogo con este medio.
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"La postura de las autoridades en México ha sido totalmente displicente en cuanto a tomar medidas efectivas para resolver la problemática" sostuvo Colin.
"Hay afectaciones a los derechos a la alimentación, al agua que fue contaminada por agrotóxicos, al medio ambiente sano y a la salud de la población", agregó.
Las afectaciones
"Las conclusiones a las que llega son devastadoras", dijo a Sputnik la vocera de Greenpeace México.
"Las muestras están ligadas a zonas donde hay alta producción agroindustrial", señaló la abogada. Las investigaciones se hicieron junto a la Universidad Nacional en el Pacífico y a la Autónoma de Campeche, en el sureste.
En el monitoreo de Campeche, los resultados arrojaron la presencia de distintos agrotóxicos, incluso organofosforados que han sido prohibidos en otros países y en convenios internacionales.
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La portavoz de Greenpeace México explicó que además de una extendida contaminación de los mantos acuíferos, las investigaciones realizadas por la Universidad Autónoma de Campeche encontraron químicos en el agua embotellada.
"Incluso fueron encontrados en la orina de los pobladores. Hay evidencias suficientes de la amplia presencia de distintos agrotóxicos en las poblaciones", indicó.
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La abogada señaló que la intensificación de monocultivos en el sureste mexicano trajo aparejado un aumento de las fumigaciones —terrestres y aéreas- que profundizan este problema y causan estragos evidentes en flora y fauna de una zona de selva y monte autóctono.
Existe a su vez una norma que limita los residuos máximos de pesticidas que pueden hallarse en alimentos, que sólo se aplica a los productos dirigidos a la exportación.
"Carecemos de un standard nacional, el actual expresa preocupación únicamente por los consumidores extranjeros. México es un gran exportador de frutas y verduras, tenemos que contar también con una norma que vigile los alimentos para los mexicanos", concluyó.
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