"En uso de mis atribuciones establecidas en el artículo 107 de la Constitución, hoy en Consejo de Ministros se aprobó el proyecto (de ley) para pedir que se declare en emergencia al Ministerio Público", afirmó el mandatario en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno de Lima.
El presidente de Perú expresó que él mismo acudirá el miércoles a la sede del Parlamento para entregar el texto del mencionado proyecto de ley.
El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, anunció la destitución del coordinador general del equipo especial Lava Jato, el fiscal Rafael Vela, y del fiscal José Domingo Pérez.
El equipo especial Lava Jato tiene a su cargo las investigaciones de presuntos sobornos o dinero ilícito recibido por políticos peruanos de parte de la empresa brasileña Odebrecht.
El fiscal José Domingo Pérez era quien estaba llevando a cargo las investigaciones sobre los nexos con Odebrecht de los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (1985-1990, 2006-2011) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
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José Domingo Pérez también estaba llevando la investigación sobre lavado de activos en relación con Odebrecht de Keiko Fujimori, lideresa del partido opositor Fuerza Popular (fujimorista, derecha).
Al mando de Rafael Vela, el equipo especial Lava Jato venía logrando importantes avances en las investigaciones de los casos de los políticos antes mencionados, en particular el haber logrado un acuerdo de colaboración entre Odebrecht y la Fiscalía.
El presidente Vizcarra condenó la separación de los fiscales del equipo especial hecha por Pedro Chávarry.
"El fiscal de la Nación (Chávarry) solo logra dañar los intereses del Perú causando la indignación de la ciudadanía, la misma que comparto. Queremos sanciones ejemplares para quienes le hayan jugado mal al país", denunció el jefe de Estado.
Vizcarra, quien suspendió su asistencia a la toma de mando de Jair Bolsonaro en Brasil por lo ocurrido en el Ministerio Público, anunció asimismo que estará dispuesto a aplicar la cuestión de confianza si el Congreso no apoya el proyecto de ley que presentará.
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En Perú, la cuestión de confianza es un mecanismo legal por el cual el presidente puede pedir al Congreso que se otorgue un voto de confianza a su gabinete ministerial por una política de Estado.
En el caso de que el Congreso le niegue esta confianza, el gabinete se considera censurado y sus miembros tienen que abandonar sus cargos.
Sin embargo, el Parlamento, al censurar dos gabinetes en un sólo periodo presidencial, le da la potestad al presidente a cerrar el Congreso y convocar a elecciones legislativas.
El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, ha sido sindicado por un informe de la Fiscalía como cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.
Esta mafia estaba infiltrada en el sistema político y judicial de Perú, dedicándose a delitos de tráfico de influencias, sobornos, lavado de activos, entre otros.
Se sospecha que miembros de Fuerza Popular formarían parte de esta red delictiva.
Desde que asumió el cargo en julio de 2018, el fiscal de la Nación ha sido fuertemente cuestionado por diversos sectores del parlamento por su cercanía con los investigados por delitos con Odebrecht, en particular con Keiko Fujimori y el expresidente, Alan García.
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El presidente, Martín Vizcarra, ha manifestado en reiteradas ocasiones la conveniencia de la renuncia a su cargo del fiscal de la Nación por no garantizar transparencia en la lucha contra la corrupción.
Por otro lado, la permanencia en el cargo de Pedro Chávarry ha sido defendida por la bancada de Fuerza Popular y por la del Partido Aprista Peruano, cuyo líder es Alan García.
