La constructora brasileña, involucrada en casos de corrupción en toda la región, denunció que el Estado argentino aplicó un "doble estándar" al suspender a Odebrecht del Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (RNC) y no hizo lo mismo con empresas locales que también admitieron ante la justicia haber hecho pagos ilegales para verse beneficiadas con contratos de obra pública.
Se trata del caso del chofer Oscar Centeno, quien trabajaba para Roberto Baratta, estrecho colaborador de Julio De Vido (2003-2015) exministro de Planificación, este último procesado por favorecer a Odebrecht.
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Centeno asentó en cuadernos escolares la bitácora de los viajes que hacía para Baratta, en la que incluyó detalles sobre el intercambio de valijas y bolsos con dinero entre altos empresarios argentinos y funcionarios de las administraciones de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández (2007-2015).
Odebrecht recordó que la suspensión del RNC fue por un año, pero que cumplido el plazo se enfrentó a varios pedidos de información respecto a los procesos judiciales que enfrenta tanto en Argentina como en otros países, incluyendo todo lo referente a compañías subsidiarias, sucursales o filiales, destaca La Nación.
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La constructora pidió a la justicia argentina que ordene al RCN informar cómo actuó frente a "empresas cuyos funcionarios y/o accionistas han reconocido expresamente ante la Justicia la comisión de delitos o prácticas de corrupción relacionadas con contratos públicos, a fin de evitar arbitrariedades", añade el periódico local.
El Ministerio del Interior argentino, del que depende el RNC, rechazó los reclamos de la empresa brasileña por entender que el pedido no explica "de forma precisa y concreta" que el registro habría aplicado diferentes criterios ante situaciones similares de las compañías sancionadas.
