En el 'Proyecto de Ley Integral contra la trata de seres humanos y en particular con fines de explotación laboral' se plantea además perseguir a quienes faciliten pisos o establecimientos donde se ejerza ese actividad, considerar la trata de personas con fines de explotación sexual como violencia de género, la despenalización total de la víctima y la creación de una Fiscalía específica.
Con todo, el medio precisa que el Ejecutivo de Pedro Sánchez considera este documento de 50 páginas como "el más alejado" de sus planteamientos, ya que, según una portavoz del Gobierno, es "uno de los borradores encargados", y el borrador inicial, por ejemplo, contempla otras formas de explotación además de la sexual como "los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o similar, la servidumbre, la mendicidad, la explotación para realizar actividades delictivas, la extracción de órganos corporales o la celebración de matrimonios forzados".
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La prostitución es alegal en España por lo que, de aprobarse esta propuesta, pasaría a ser ilegal.
Según el medio, en España se calcula que este negocio mueve 3.700 millones de euros anuales.