"El Poder Judicial goza de autonomía para disponer de sus recursos, por lo cual no tiene obligación de someter al escrutinio del Poder Legislativo las remuneraciones que asigne a jueces y magistrados federales", dice la demanda legal.
"El impacto de la ley va a ser el contrario al buscado: riesgo de apertura de las puertas a la corrupción", puntualiza la demanda.
Las controversias cuestionan por inconstitucionales las nuevas políticas del mandatario, apoyadas por la bancada oficialista mayoritaria en ambas cámaras del Congreso, que podrían elevarse a la Suprema Corte de Justicia, para resolver el conflicto institucional entre los poderes.
Una reforma constitucional de dos artículos de la carta magna fue impulsada en el Congreso por la bancada oficialista del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda), para respaldar la decisión del mandatario, que ordena que nadie gane más que el presidente de la nación.
López Obrador recortó un 40% su sueldo y lo bajó a 108.000 pesos mensuales, que equivale a unos 5.300 dólares.
Los jueces dialogaron sin éxito con el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, con Olga Sánchez Cordero, nueva encargada de la política interior, con el abogado de la presidencia Julio Scherer, y con el propio mandatario en el periodo de transición desde su triunfo electoral el 1 de julio, hasta que la nueva ley fue aprobada el 5 de noviembre.
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Durante casi dos semanas, desde el 21 de noviembre pasado hasta la fecha, los legisladores promovieron juicios de amparo contra el recorte de sus sueldos en enero, cuando entre en vigor el presupuesto del 2019.
La propuesta es modificar la reforma que recorta beneficios salariales y prestaciones sociales adquiridas mediante un acuerdo de autorregulación como gesto de "buena voluntad", pero sin imposición de los poderes Ejecutivo y Legislativo con el fin de promover la "meritocracia" y eliminar el nepotismo.
Hasta un día antes de la toma de posesión del sábado fueron promovidos 440 juicios firmados por 2.194 demandantes, entre ellos 291 jueces y 323 magistrados, y la cifra podría alcanzar a los 1.429 funcionarios más altos de la judicatura, entre ministros de la Suprema Corte y jueces de distrito, consejeros y magistrados electorales.
El objetivo de las demandas es que los jueces de distrito se declaren impedidos ante las controversias para que los Tribunales Colegiados soliciten a la Suprema Corte de Justicia atraer el caso y determinar la validez constitucional de la reforma, mientras que las primeras demandas ya están en estudio en una de las salas del Tribunal Constitucional.
