"El reglamento de [la ministra de seguridad Patricia] Bullrich alienta a los policías a violar el Código Penal", indicó en una nota la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo público autónomo de la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo a la Comisión, la medida se enmarca en una doctrina "en el que los márgenes de la intervención de las Fuerzas Armadas y de seguridad se corren sin límites".
El reglamento "promueve la construcción de enemigos internos y la exacerbación de la intervención de las fuerzas de seguridad tiene un nuevo capítulo en esta resolución", añadió la Comisión.
El reglamento firmado por la ministra de Seguridad incluye un anexo en el que describe todas las causales por las que las fuerzas de seguridad están autorizadas a emplear las armas letales.
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También se considera aceptable disparar por la presunción de que el sospechoso esté armado, "aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal".
La Comisión indicó que "la falta de formación de las fuerzas con cursos de escasos meses, la falta de práctica en el uso de armas y la ausencia de perspectiva de derechos humanos en dichos recorridos formativos agravan la situación".
Aliento a disparar
El Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia advirtió que el reglamento del Gobierno de Mauricio Macri "envía a las fuerzas policiales y de seguridad una señal favorable para la extensión de sus facultades" que, además, es falsa porque el ejercicio del deber tiene que ser determinado por la justicia y no por un protocolo de actuación.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por su parte, ya había adelantado que el Gobierno iba a aprovechar la cumbre del Grupo de 20 países industrializados y emergentes (G20), realizada el pasado viernes y sábado en Buenos Aires, para emitir el nuevo reglamento.
"La medida quiebra el paradigma del uso excepcional de la fuerza letal que prescriben los estándares internacionales y la Ley de Seguridad Interior", indicó la institución.
Después de haber eliminado el programa de Uso de la Fuerza y de debilitar los controles internos, el Gobierno pretende ahora "evitar también el control judicial", añade.
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"Se privilegia la propiedad por sobre la vida como bien jurídico protegido y se genera un gran peligro para todos los involucrados en este tipo de situaciones", advirtió el CELS.
El exjuez Carlos Rozanski presentó el martes ante la justicia federal una denuncia contra Bullrich en la que acusa a la ministra de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y pide que se suspenda el reglamento.
