"No es congruente la postura del gobierno de transición, legisladoras y legisladores (del Movimiento de Regeneración Nacional de izquierda) de cambiar la Constitución para crear una Guardia Nacional y no cambiarla para dotar de verdadera autonomía a la Fiscalía", dijo en un comunicado conjunto el colectivo "Fiscalía que sirva".
El grupo de influyentes organizaciones no gubernamentales que integran el colectivo rechaza "la militarización de la procuración de justicia, porque no hay pacificación ni seguridad sin justicia".
En ese marco, resalta que el jueves la Suprema Corte de Justicia "ha dado muestras de respeto a las instituciones democráticas al declarar contrario a la constitución la intervención de las fuerzas militares en la seguridad pública", que autoriza una Ley de Seguridad Interior promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en diciembre de 2017.
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López Obrador y el próximo gabinete de seguridad anunciaron el "Plan Nacional Paz y Seguridad 2018-2024" que según las organizaciones ciudadanas "pone en crisis todo el sistema actual de procuración de justicia y los esfuerzos por construir una fiscalía autónoma respetuosa de los derechos humanos, que garantice el derecho a una vida libre de violencia".
Rechazo a los militares
El punto más inaceptable para los dirigentes sociales es "el involucramiento de las fuerzas militares en la seguridad pública, que legaliza la militarización del país y subordina a las instituciones civiles", enfatiza el posicionamiento.
La política de seguridad anunciada "pretende reformar la Constitución para militarizar el país y las instituciones democráticas, pero no para consolidar la autonomía de la Fiscalía General", señalan.
El colectivo #FiscaliaQueSirva, como se le conoce en las redes sociales, aceptó participar en las mesas de trabajo con el equipo de transición y legisladores de Morena, "quienes sostuvieron en todo momento que no querían tocar la Constitución", revelaron.
Aceptaron que el proyecto de ley orgánica de la nueva fiscalía, que le permitirá a López Obrador enviar una terna al Senado para designar al primer fiscal "sería una ley de transición, comprometiéndose (los legisladores) a trabajar posteriormente en una reforma integral de la Constitución", informaron sobre el punto negociado.
El segundo producto de las mesas de trabajo fue un informe de las reformas constitucionales necesarias para la construcción de un modelo de procuración de justicia "eficaz y respetuoso de los derechos humanos", añadieron.
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Tras el anuncio de un proyecto de reforma para crear una Guardia Nacional, con apoyo de las fuerzas armadas, "ya no hay motivo para esperar uno o dos años, las reformas para una fiscalía autónoma, independiente e imparcial pueden y deben hacerse ahora", señalaron.
Además, afirman que la propuesta del próximo mandatario "torna inviable el modelo construido en conjunto" con su partido y su gabinete de seguridad pública, que encabezará Alfonso Durazo.
