"El gobierno de México se opone a la pena de muerte por considerarla una de las violaciones más esenciales de los Derechos Humanos, así como una sanción cruel e inhumana que socava la dignidad de las personas. En tal virtud, ha reiterado a nivel nacional e internacional, que seguirá promoviendo acciones tendientes a la moratoria de ejecuciones y la eventualmente abolición de la pena de muerte en el mundo", dice una nota de prensa emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Se trata del sexto mexicano ejecutado en EEUU en violación al fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena, el 31 de marzo de 2004.
En el caso Avena, la Corte Internacional de Justicia concluyó que se había violado la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, dado que las autoridades estadounidenses desde un inicio no habían permitido a los acusados el acceso a asistencia jurídica y consular por parte del Gobierno de México.
"El gobierno de México expresa su más enérgica protesta por el incumplimiento de Estados Unidos al fallo, conforme al cual ese país estaba obligado a revisar y reconsiderar el veredicto de culpabilidad y la sentencia impuesta al connacional", dice el comunicado.
La ejecución se llevó a cabo por inyección letal el miércoles, luego de que la Corte de Apelaciones Penales de Texas, la Corte federal para el Distrito Oeste de Texas, la Corte federal de Apelaciones del Quinto Circuito y la Corte Suprema de EEUU se negaran a emitir una suspensión desoyendo múltiples peticiones presentadas por las autoridades mexicanas y varios organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
