"Como Senado de Chile no compartimos la decisión del órgano francés e instamos al Gobierno para que, dentro del marco jurídico internacional, adopte las medidas pertinentes ante las autoridades galas para obtener su reconsideración y, en todo caso, lograr la extradición de Palma Salamanca a Chile", consignó un documento emitido por la Cámara alta.
"El estado de derecho en Chile da garantías para el pleno respeto de los derechos de las personas acusadas o condenadas, incluyendo la revisión, por parte de tribunales independientes, de todos los recursos que se consideren pertinentes para su defensa", aseguraron los senadores.
Antecedentes
Palma fue un exguerrillero que luchó contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) como integrante del grupo armado Frente Patriótico Manuel Rodríguez; en 1991, ya en democracia, participó del asesinato del senador derechista Jaime Guzmán y fue condenado por el crimen.
El presidente Sebastián Piñera manifestó su rechazo al asilo político y escribió una carta directa a su par francés, Emmanuel Macron, para evidenciar su preocupación.
Tras esto, la cancillería francesa emitió un comunicado señalando que "el caso Ricardo Palma Salamanca se refiere a la historia de Chile bajo la dictadura de Augusto Pinochet, y en ese contexto, la Ofpra ha determinado de manera independiente, en el marco de la legislación francesa, el asilo".
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"El Gobierno de Chile manifiesta enérgicamente que en Chile existe, y existía al producirse los acontecimientos que se describen, un régimen plenamente democrático y un Estado de Derecho plenamente vigente", dijo el Gobierno en un comunicado tras la declaración de la cancillería francesa.
Lo mismo argumentaron los senadores chilenos, asegurando en la solicitud al Gobierno que "los delitos cometidos por Ricardo Palma, incluido el homicidio a un senador de la República, fueron cometidos cuando en el país ya existía un régimen democrático".