"Esta juzgadora decide aceptar el pedido de la Fiscalía (….) y llamar a juicio a Rafael Correa Delgado", dijo la magistrada.
La justicia ecuatoriana vinculó a Correa en la investigación luego de que dos ex agentes de inteligencia, Diana Falcón y Raúl Chicaiza, señalaran en sus versiones que la orden de ejecutar el secuestro vino del propio expresidente y de su secretario de Inteligencia.
"La resolución defrauda a todo el mundo", aseguró Ochoa.
Por su parte Balda dijo que se hizo justicia.
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"No es un momento para celebrar (…) porque se comprobó que este hecho criminal fue ordenado por un presidente de la Republica", afirmó.
El político añadió que acudirá a instancias internacionales para lograr la extradición de Correa.
"No hemos luchado contra simples ciudadanos; hemos luchado contra una mafia que tuvo todo el poder del Estado", enfatizó Balda.
La justicia ecuatoriana vinculó a Correa en la investigación luego de que Falcón y Chicaiza señalaran en sus versiones que la orden de ejecutar el secuestro vino del entonces presidente ecuatoriano.
El exmandatario tiene orden de prisión preventiva desde julio pasado.
La jueza ratificó la orden y lo declaró prófugo.
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En septiembre, el fiscal general del Estado, Paúl Pérez, acusó a Correa, al exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, así como a Chicaiza y a Falcón como autores de los delitos de asociación ilícita y secuestro.
La jueza, sin embargo, no encontró procedente el delito de asociación ilícita.
Según la Fiscalía, existen 28 evidencias que vinculan a Correa en el caso.
El presidente Lenín Moreno ha calificado como una "cantaleta sin sustancia que solapa las actitudes corruptas" a los argumentos esgrimidos por Correa y sus partidarios respecto a que sería objeto de una persecución política, y ha exhortado al exmandatario a que regrese al país para que se defienda ante la justicia de las acusaciones que hay en su contra.
Según aseguró Falcón tanto en una comparecencia en la Fiscalía como en la Asamblea Nacional, la visita tuvo el fin de pedirle que cambie su versión para no perjudicar a Correa y a cambio se le ofreció protección de la Organización de las Naciones Unidas, asilo en Bélgica e incluso dinero, lo cual es negado tanto por Cadena como por Espín, que dicen que la visitaron por razones humanitarias.
La conducta de Espín fue investigada por una comisión de la Asamblea Nacional de Ecuador que recomendó su destitución como legisladora.
