Los países del mecanismo internacional emitieron "recomendaciones al Estado mexicano", que confirman el diagnóstico de que "la crisis de derechos humanos persiste: impunidad, violencia contra personas defensoras (de DDHH) y periodistas, derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, niñez, seguridad y justicia, principales preocupaciones internacionales", informó el colectivo en un comunicado conjunto.
En las recomendaciones, destacan las presentadas por Dinamarca, Reino Unido, España, Países Bajos y Noruega, países que "apoyan la necesidad de fortalecer esfuerzos nacionales e internacionales para combatir la impunidad", prosigue el resumen de las discusiones, según las organizaciones civiles.
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El principal tema de preocupación de los Estados miembros del mecanismo fueron "las agresiones y asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas y la falta de investigación y sanción a los perpetradores", indica el texto difundido por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), una de las organizaciones firmantes.
La Cmdpdh es una de las más antiguas entre las organizaciones que firmaron el texto.
Fundada en los años 1980, su presidente, José Antonio Guevara, preside el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, uno de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Reconocimiento de los retos
La delegación del Estado mexicano "reconoció que nuestro país enfrenta retos considerables y que las violaciones a derechos humanos les sobrepasan", prosigue el resumen del examen del país latinoamericano.
Las organizaciones convocaron al Gobierno federal electo, del próximo presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la cancillería, "a sostener un encuentro público, una vez emitidas las recomendaciones del EPU del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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Los países también recomiendan la creación de una Fiscalía General "autónoma e independiente" y construir un "mecanismo contra la impunidad", reseña el reporte.
Los centenares de organizaciones reiteraron el llamado que realizaron al próximo Gobierno, que comenzará el 1 de diciembre, para mantener un encuentro público cuando hayan asumido.
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Reiteraron asimismo una solicitud para fortalecer la "coadyuvancia internacional", para la implementación de las recomendaciones del Consejo.
"Hemos documentado que desde el final del segundo ciclo del EPU (2013) en México se han incrementado las vulnerabilidades estructurales en materia de derechos humanos", concluye el informe.
Los expertos consideran que esa fragilidad estructural "se ha expresado en un marco jurídico que favorece la impunidad debido a la aprobación de diversas leyes que legalizan la violación de derechos humanos", tales como la Ley de Seguridad Interior que legaliza los operativos militares en acciones de seguridad pública, y la ausencia de una fiscalía autónoma del presidente en turno.
