"Con el apoyo de los organismos internacionales, México podrá revertir con mayor efectividad y rapidez los índices de impunidad", dijo la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática (centro izquierda) y presidenta de la Comisión de DDHH de la cámara alta que promueve el proyecto de ley.
La propuesta se basa en la adición de un octavo párrafo al artículo 21 de la Constitución para autorizar "que el Estado mexicano solicite el apoyo y la asistencia técnica internacional para la investigación y persecución penal de los delitos de corrupción y/o graves violaciones a los derechos humanos".
En esos casos, la carta magna autorizaría "que la investigación y la acción penal se ajusten a lo establecido en la Constitución y en tratados internacionales".
La iniciativa pasó ahora a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Derechos Humanos y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.
México es firmante del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional el 7 de septiembre de 2000.
Aunque México está sujeto a que la CPI intervenga en casos de crímenes de lesa humanidad perpetrados por representantes del Estado, la reforma introduciría una clausula específica en la Constitución mexicana contra la impunidad, que en el país rebasa el 98% de los delitos perpetrados, según la Organización de las Naciones Unidas.
