El Pleno de la Sala III del Tribunal Supremo decidió, tras dos días de deliberación, desestimar los recursos planteados y volver al criterio anterior, que obliga al cliente a pagar los impuestos asociados al préstamo hipotecario.
Por el momento el texto de la sentencia no se hizo público, ya que el Tribunal Supremo se limitó a comunicar la decisión, por lo que se desconocen los argumentos esgrimidos por los magistrados.
El fallo emitido originalmente por el Tribunal Supremo reinterpretaba la ley sobre transmisiones patrimoniales para establecer que en la concesión de créditos para vivienda "el negocio inscribible es la hipoteca" y, por tanto, la responsabilidad impositiva debía recaer sobre los bancos y no sobre el cliente.
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Sin embargo, un día después de la emisión de esta sentencia –hecha pública el 18 de octubre–, el presidente del Tribunal Supremo decidió paralizarla y someterla a revisión porque suponía un "giro radical en el criterio jurisprudencial hasta ahora sustentado" y porque la decisión tenía una "enorme repercusión económica y social".
"Gana la banca"
Tras conocer la rectificación del Tribunal Supremo, el líder del partido de izquierdas Podemos, Pablo Iglesias, puso en duda la independencia de los magistrados encargados de la deliberación y afirmó que lo sucedido debilita la democracia
"Gana la banca y pierden los ciudadanos. La independencia del Tribunal Supremo está en entredicho; la democracia debilitada", escribió el líder de Podemos, principal socio parlamentario de los socialistas, que actualmente ostentan responsabilidades de Gobierno.
La rectificación del Supremo también fue recibida con malos ojos desde sectores más conservadores. Uno de los más destacados líderes del Partido Popular, Xavier García Albiol, calificó la decisión del Supremo como "un grave error de consecuencias sociales imprevisibles".
También manifestó su rechazo la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que esta tarde emitió un comunicado calificando la decisión como "bochornosa" y "sin precedentes"
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A su modo de ver, la sentencia "perjudica a más de 12 millones de familias en España" y "pone en cuestión la independencia del poder judicial frente al poder de la banca", creando una situación de "desconcierto e inseguridad jurídica en la sociedad"