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Tensión en aumento de cara a la votación en la ONU por el bloqueo a Cuba

© AP Photo / Richard DrewEmbajadora Anayansi Rodríguez Camejo, representante permanente de Cuba ante la ONU
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Desde la primera votación en 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas ha respaldado la Resolución de Cuba sobre los daños ocasionados por el bloqueo económico que Estados Unidos impone a la Isla hace casi 60 años. Sin embargo, este 2018 la votación podría enfrentar uno de los contextos más tensos de los últimos tiempos.

Desde La Habana, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció las maniobras de la Administración Trump para influir en los votos de otros países de cara a la próxima discusión en la ONU.

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La misión permanente de Estados Unidos en este organismo internacional hizo circular un texto firmado por el subsecretario de Estado estadounidense, Gonzalo Gallegos, que propone ocho enmiendas al informe de daños presentado por La Habana.

Las enmiendas se refieren sobre todo a la Agenda de Desarrollo Sostenible para el 2030, así como a los temas de derechos humanos en la Isla, altamente sensibles en las conversaciones diplomáticas que mantuvieron Cuba y Estados Unidos durante la administración Obama como parte de la normalización de las relaciones.

No obstante, desde abril de 2017 el bloqueo estadounidense contra Cuba se ha agravado ocasionando pérdidas superiores a los 4,3 millones de dólares, según indica el texto cubano.

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Entre la políticas promovidas por la Administración Trump que han generado una escalada de tensiones con la Isla, está la retirada en septiembre de 2017 del personal diplomático estadounidense en La Habana por los supuestos ataques sónicos.

Como consecuencia, el 3 de octubre de 2017 se ordenó la salida de 15 diplomáticos cubanos acreditados en Washington. No obstante, a más de un año de investigaciones, ninguna de las partes ha mostrado evidencias.

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Aún así, el 5 de octubre de 2017 la embajada estadounidense en La Habana suspendió los servicios de visa de viajeros e inmigrante y emitió un comunicado para informar a los ciudadanos cubanos de que sus servicios no podían ser garantizados.

Desde entonces, los cubanos interesados en visitar a sus familiares, hacer turismo o negocios en Estados Unidos solo pueden hacerlo en consulados de terceros países como Colombia, que ha resultado ser uno de los destinos más populares para este objetivo.

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De esta manera, el Gobierno estadounidense incumple su compromiso de emitir al menos 20.000 visas anuales, como resultado de acuerdos migratorios vigentes con la Isla.

También, en noviembre de 2017, algunas agencias estadounidenses anunciaron sus restricciones para viajar a Cuba y limitaron las transacciones con más de un centenar de empresas cubanas, según publicó el sitio Cubadebate.

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Las tensiones subieron de tono cuando en enero de 2018 el Departamento de Estado estadounidense anunció la creación de una 'fuerza operativa para la internet en Cuba' con el pretexto de garantizar supuestamente "la libertad y el flujo de información" en la Isla.

Pero el momento más crítico de esta escalada de tensiones tuvo lugar en la propia sede de Naciones Unidas el 16 de octubre, cuando los representantes cubanos vieron cerrados sus micrófonos durante un evento organizado en la sala Consejo Económico y Social (Ecosoc).

Los diplomáticos cubanos, apoyados por los bolivianos presentes, respondieron golpeando con libros sobre las mesas y gritos de denuncia, lo que ocasionó la expulsión de la sala de parte del personal de la Isla.

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El acto fue catalogado de anticubano por la representación cubana, mientras la representante de la delegación estadounidense, Nikki Haley, solicitó condenar la conducta de cubanos y bolivianos, y hacerles pagar por los daños.

En su cuenta de Twitter, Haley llegó a asegurar que, además, Cuba organiza la caravana migrante que avanza desde Centroamérica hacia Estados Unidos.

​Este 31 de octubre, la Asamblea General de la ONU analizará la propuesta de ocho enmiendas propuesta por la misión permanente de Estados Unidos y el informe presentado por La Habana que será sometido a votación el 1 de noviembre.

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